El 29 de noviembre era el plazo máximo para que Dreams, Enjoy y Marina del Sol y los cinco ejecutivos acusados de colusión contestaran el requerimiento interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a principios de octubre.
Tanto Dreams, Enjoy, Marina del Sol y algunos de los ejecutivos requeridos -como el expresidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, y el expresidente del directorio de Enjoy, Henry Comber- contestaron al requerimiento.
Pero tanto el exgerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; como el expresidente y accionista de la firma, Claudio Fischer; y el exgerente de administración y finanzas, Claudio Tessada; se abstuvieron de responder y presentaron al TDLC excepciones dilatorias.
Ante esto, la FNE solicitó al tribunal “el rechazo de todas las excepciones dilatorias presentadas, con expresa condena en costas”.
De acuerdo a la solicitud de la FNE, los tres requeridos basaron sus excepciones dilatorias opuestas bajo el argumento de “la ineptitud del libelo debido a la falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda, fundándolas en distintas razones, tanto de hecho como jurídicas”.
Dicho esto, la Fiscalía -que acusa a los casinos y sus altos ejecutivos de haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de casinos realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021- sostuvo que “el requerimiento cumple con requisitos de claridad, precisión, detalle y aptitud suficientes para permitir el ejercicio del derecho a defensa”.
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Acciones dilatorias improcedentes
Así, el ente persecutor sostuvo que el requerimiento contiene una descripción que supera ampliamente los requisitos mínimos exigidos por la legislación y la jurisprudencia para que la demanda sea entendible y permita a las partes requeridas ejercer adecuadamente su derecho a defensa. Por ello, la FNE sostuvo que resultan “completamente improcedentes” las excepciones dilatorias interpuestas por Tessada, Wilhelm y Fischer”, enfatizando que “no basta con afirmar que el requerimiento es vago, genérico, descontextualizado, especulativo”, sino que las personas tenían que detallar todos los supuestos defectos en el requerimiento que afectaran su inteligibilidad.
La FNE insistió en que “las excepciones dilatorias opuestas no mencionan defectos u omisiones que hagan imposible el ejercicio del derecho a defensa, sino que contienen una serie de afirmaciones correspondientes a excepciones perentorias, sin que se advierta vicio alguno que impida trabar válidamente la litis”.
El contraataque de Fischer
Ante la solicitud del ente persecutor, los asesores legales de Claudio Fischer buscaron contrarrestar la presentación de la FNE y le pidieron al tribunal desechar los argumentos de la Fiscalía y acoger la excepción dilatoria opuesta por su parte.
Así, Fischer sostuvo que la FNE únicamente se limita a reiterar de manera genérica la conducta imputada, omitiendo una relación detallada y circunstanciada de los fundamentos fácticos de ella, y sin señalar cómo se vería involucrado nuestro representado en el supuesto acuerdo acusado. "Incluso más, la Fiscalía derechamente tergiversa lo señalado en nuestras excepciones dilatorias, incluyendo afirmaciones que no son correctas".
Esto, porque -de acuerdo a los documentos presentados ante el TDLC- la Fiscalía no fue capaz de explicar en qué consistió la supuesta “aprobación” que habría dado Fischer a las conductas que se denuncian en el requerimiento, en qué momento la dio, ni cuál habría sido el actuar anticompetitivo supuestamente aprobado por él.
"Parece olvidar la autoridad que el hecho al que hace alusión el requerimiento carece de precisión y claridad, resultando insuficiente para permitir que nuestro representado pueda controvertir las acusaciones imputadas, afectándose gravemente su derecho de defensa", indicó la defensa del dueño de Dreams.
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Además, agregó que “el Tribunal ha señalado anteriormente que para aplicar sanciones por una conducta colusoria se debe determinar la responsabilidad que individualmente cabe a cada uno de los agentes económicos que han acordado actuar de manera conjunta. Por ello, no es posible dirigir un procedimiento judicial para imponer una sanción a nuestro representado sin que haya claridad respecto de la relación que la FNE le imputa sobre los hechos descritos por el requerimiento y que lo fundan”.
Así las cosas, Fischer concluyó que los defectos del requerimiento no fueron explicados ni subsanados por la Fiscalía en su presentación, sino que solo confirman las imputaciones vagas y poco claras en contra de él.
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