La historia comenzó en 2018, en medio de la renovación de los directorios del sindicato de la cadena de cafeterías Starbucks. "En medio de ese proceso, la empresa despidió a dos candidatos a dirigentes, ellos habían postulado y, en un periodo muy breve, no recuerdo bien si fue ese mismo día o al día siguiente, la empresa los despidió", relata una de las abogadas involucrada en la causa, la exjefa del departamento de relaciones laborales de la Dirección del Trabajo (DT), Wendoling Silva.
Con este antecedente, el sindicato realizó una denuncia ante la DT para que se fiscalizara el tema.
A su vez, la empresa, no reincorporó a los trabajadores y "dijeron que lo que estaba haciendo el sindicato era blindar a estas personas, que eran malos trabajadores", relata Silva.
Al final, lo que resolvió la empresa, fue presentar una demanda ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, argumentando abuso de fuero sindical por parte de estos trabajadores desvinculados.
Una vez que la Inspección del Trabajo terminó su investigación, también optó por demandar a la firma por separación ilegal de trabajadores. Ambas causas luego fueron analizadas en conjunto por la justicia.
La resolución
El pasado 29 de julio la justicia entregó su sentencia, en la cual rechazó la demanda de la cadena de cafeterías por abuso de fuero sindical en todas sus partes, y, además, acogió la demanda de la DT y del sindicato por despido antisindical. La firma, fue condenada a pagar 200 UTM de multa, $ 2 millones de costas.
"No se aprecia por parte del Sindicato de Empresa de Trabajadores Starbucks Coffee S.A ni tampoco por los demandados, un uso abusivo o de mala fe del fuero laboral del que gozaron. Por esta razón se rechazará la denuncia interpuesta por la empresa Starbucks Coffee Chile S.A", se lee en la sentencia.
Pero eso no fue todo, la Justicia ordenó también a Starbucks a realizar a los gerentes y subgerentes "una capacitación sobre derechos laborales y libertad sindical, la que deberá ser impartida por un profesor de una universidad acreditada y realizarse en el plazo máximo de tres meses desde la ejecutoria de la presente resolución".
"Nos pareció súper bueno el fallo, la magistrada se tomó un período super bueno para resolver. Fueron tres días de audiencia. Analizó todos los antecedentes para dar una sentencia", valoró Silva.
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