Los intentos por llegar a un acuerdo entre la Asociación de Casinos de Juego (ACCJ) y el gobierno -para tomar medidas por la pandemia y cómo realizar la renovación de 12 plazas que quedarán disponibles entre 2023 y 2024- se detuvieron abruptamente este lunes. El gremio que agrupa al 70% de los operadores de casinos se retiró de la mesa de diálogo que habían instaurado con Hacienda, y en donde solo se alcanzó a realizar una reunión.
La razón que esgrimen es que la Superintendenta de Casinos de Juego, Viven Villagrán, no ha cambiado su convicción de que todos los actores deben regirse por el mismo proceso licitatorio, el que en definitiva consiste en presentar una oferta económica para adjudicarse las plazas, lo cual fue establecido en 2015 luego de la modificación a la ley que regula al sector.
Anterior a este proceso, el otorgamiento de licencias, o su renovación, se ejecutaba a través de un modelo de concurso de belleza (beauty contest).
Según Rodrigo Guíñez, gerente general de la Asociación, lo que buscan es que se les aplique el artículo tercero transitorio y la posibilidad de renovar las plazas como se estableció en el año 2005. “No se trata de que no haya licitación, sino que la renovación se haga en la forma y condición del año 2005, que se respete la certeza jurídica”, señaló.
Consultado por si el objetivo es que se liciten las plazas de acuerdo al modelo de concurso de belleza, con el cual realizaron sus inversiones, y que consiste en la presentación de un proyecto y en la evaluación de los atributos, dijo que “no es concurso de belleza, es un concurso de inversiones y que se hicieron grandes sumas de dinero en inversión. Más allá del nombre, la renovación tiene que hacerse en la forma y condiciones de la ley original”.
Eso sí, el problema consiste en cómo se podría realizar el otorgamiento y renovación de las licencias. Según la autoridad reguladora en una entrevista con DF no se podría llevar a cabo un modelo de oferta económica para los nuevos operadores y a la vez otro de concurso de belleza para los antiguos, ya que se vulnera el principio de libre competencia.
En esa línea, Guíñez comentó que “no es un problema de libre competencia, es simplemente la aplicación de las normas. (…) La disyuntiva que plantea la Superintendencia de que debería aplicar dos modelos o dos sistemas para una misma licitación no tiene lógica y no forma parte la normativa vigente. Lo que corresponde es que todos los permisos que el Estado chileno otorgó bajo un mecanismo de licitación por 15 años deben ser renovados en un proceso de licitación que mantenga las reglas existentes cuando estos fueron entregados”.
Interpretación de la Ley
Otras dudas que han surgido es el por qué la industria comenzó a ser sus descargos frente a la modificación de año 2015, y que introdujo el modelo de oferta económica a las bases, solo a inicios de este año. Guíñez explica que cuando analizaron los cambios a la norma en ese periodo, “quedamos muy tranquilos”, y es que según la industria veían que estaban amparados bajo el Art 3° de la ley de casinos, por lo cual dice que no fue un tema de discusión para el sector.
Sin embargo, fue en marzo de este cuando a través de unos documentos se dieron cuenta que el regulador “estaba optando por un modelo de oferta económica que entendemos para nosotros no es aplicable”.
Por ello es que en ese mismo mes solicitaron una reunión con la Subsecretaría de Hacienda para discutir la problemática. Así, la industria solicitó una prórroga de cinco años, pero el proyecto de ley que fue anunciado por la cartera consiste en una prórroga de un año en la vigencia de permisos de operación, a cambio de un aumento en un 5% de la tasa de impuesto sobre los ingresos brutos que obtengan las sociedades operadores.
“Por lo tanto tuvimos una respuesta desfavorable y ahí quedó el tema. Días después hicimos el planteamiento sobre el artículo tercero transitorio”. Esto último es justamente uno de los temas que estaba en tabla dentro de las conversaciones Hacienda, y que Guíñez señaló que, en su primer y único encuentro, el proceso con el Subsecretario, Francisco Moreno, se desarrolló de fructíferamente.
Si bien no descartan volver a entablar las conversaciones, dicen que solo lo harán mediante lineamentos claros. “Si se acordó no realizar comentarios sobre el trabajo de la mesa técnica, entonces la autoridad no puede hacer declaraciones sobre este tema", señaló Guíñez.
Suspensión por 90 días del proceso de otorgamiento de permisos no convence a la industria
Un acto reciente de la SCJ fue suspender por un plazo de 90 días corridos el proceso de otorgamiento o renovación de los permisos de operación que inició el 27 de julio, luego de un recurso presentado por Casinos de Juego de Talca ante la Justicia.
Consultado Guíñez por si esta acción se presentaba como una “tranquilidad” para la Asociación de Casinos de Juego, fue enfático en comentar que “la Asociación jamás solicitó esta suspensión. Lo que la industria pide es que se aplique la Ley en su tenor literal, artículos 26 y tercero transitorio de la Ley 19.995. Solo el respeto por la Ley permitirá la tranquilidad de los inversionistas y el desarrollo de la industria”.
En tanto, añadió que como gremio solicitaron una audiencia con el Presidente Sebastián Piñera para explicarle la situación actual de los casinos, donde aún no han recibido respuesta.
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