La mano dura ambiental contra el boom de las parcelas: SMA activó ofensiva contra loteos irregulares por todo el país

El explosivo crecimiento de la migración ciudad-campo y el auge de las parcelas de agrado han generado conflictos en zonas rurales a lo largo de todo el país y parado las antenas de múltiples instituciones y sectores.

Contraloría y el Servicio de Impuestos Internos (SII) han puesto foco en la falta de permisos de edificación y el no pago de contribuciones; las municipalidades, la academia y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han alertado reiteradamente por los daños ambientales; la Corte Suprema ha condenado con dureza los “loteos brujos”; y el Ministerio de Agricultura junto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se han enraizado en una acalorada disputa con los parceleros por endurecer los criterios para autorizar subdivisiones.

“Existe un explosivo aumento de denuncias respecto a loteos y parcelaciones desde 2020 a la fecha”, señala el jefe de la oficina regional de la SMA Araucanía, Luis Muñoz.

En paralelo, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por diversos medios, se ha lanzado contra una serie de proyectos inmobiliarios rurales desarrollados, según la institución, al margen de la ley.

La guinda de la torta llegó a principios de febrero cuando la organización dirigida por Marie Claude Plumer formuló cargos y pidió una multa de más de $ 7 mil millones sobre una mega parcelación de 2.121 loteos y 2.490 hectáreas (ha) que colinda con el Parque Nacional La Campana.

Sin embargo, esto fue parte de una serie de arremetidas de la SMA y de una política que viene trabajándose desde hace tiempo. Recientemente, en entrevista con Diario Financiero, Plumer destacó que la SMA ha sido "pionera" en enfrentar los conflictos relacionados a los loteos irregulares y afirmó que la institución continuará con esta línea dentro del marco normativo que se le permite.

Elusión al SEIA

Ya en noviembre pasado, desde la superintendencia señalaban que, debido a que la pandemia duplicó la demanda por vivir en regiones o adquirir una segunda vivienda, se tuvo que generar un criterio para perseguir loteos que generen desarrollo urbanos en áreas rurales y sin la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) respectiva.

Este último punto es uno de los más repetidos por la SMA al formular cargos. En teoría, cualquier proyecto que considere más de 80 viviendas, debe pasar por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En el caso de La Campana, justamente, este fue uno de los motivos planteados por el ente fiscalizador.

Mismo argumento se presentó en agosto pasado al iniciar un procedimiento contra el proyecto Valles del Rauco, en el Maule, que contempla 398 parcelas de entre 0,5 ha y 0,8 ha.

La SMA recalcó que contar con la certificación del SAG para subdividir “no autoriza un cambio en el uso de suelo” y, en ese caso, agregó que los predios no contaban con la autorización de la Dirección de Obras Municipales para construir.

La falta de una RCA también fue causa de los cargos formulados contra un loteo de 443 parcelaciones en San Juan de Angol; de un procedimiento contra dos proyectos inmobiliarios en Chicureo, en la comuna de Colina, para solicitar su evaluación ambiental; y al exigir el ingreso al SEIA de siete parcelaciones desarrolladas en la Región de Aysén.

Alertas ambientales

Al presentar los cargos, la SMA profundizó en los peligros ambientales que busca restringir con estos procedimientos.

En el caso de Angol, el jefe de la oficina regional de la Araucanía, Luis Muñoz, relató que “hemos visto un explosivo aumento de denuncias respecto a loteos y parcelaciones a partir de 2020 a la fecha. Antes, estas denuncias se centraban en la zona lacustre de Villarrica-Pucón, pero ahora vemos casos de grandes parcelaciones en Angol, Cunco, Curacautín, Vilcún y Freire”.

Por otro lado, en cuanto al proyecto de Valles del Rauco en el Maule, la SMA agregó que se había constatado que, para desarrollar el loteo, se habían cortado árboles nativos para la proyección de servidumbre de tránsito, específicamente litres, boldos, peumos, maitenes y matorrales propios de la zona.

Detención de proyectos

Asimismo, en otros casos la superintendencia también ha tomado medidas cuando parcelaciones intervienen en humedales urbanos.

De hecho, este año, la institución ya solicitó al Tercer Tribunal Ambiental la detención de dos proyectos inmobiliarios en la comuna de Puerto Montt, por daños a los humedales “La Güiña” y “Alto La Paloma”.

En el primero de estos proyectos, perteneciente a la Inmobiliaria Nahuel S.A., la SMA subrayó que no se contaba con una RCA y que la empresa ya se encontraba trabajando con maquinaria pasada y que ya llevaba construida la mitad de un camino de 3.000 metros.

La fiscalización habría determinado que estos trabajos intervenían el humedal “La Güiña”, generando ruidos y residuos, así como la pérdida de la vegetación y del suelo hídrico del mismo.

En el otro proyecto, correspondiente a la Inmobiliaria Alto Volcanes y que contempla más de 2 mil viviendas, se constató alteración física a los componentes bióticos de ambos humedales, de los cuales, además, se estaban drenando aguas.

En paralelo, en el Segundo Tribunal Ambiental, la SMA continúa con las audiencias con los representantes del Loteo Inversiones Lampa SpA, ubicado en la Región Metropolitana, al que en octubre de 2021 cursó una multa por $ 290 millones, debido a tres infracciones ambientales –entre las que se incluyen intervenciones al humedal Puente Negro- y el hecho de no contar con una RCA.