Hace cosa de sólo cuatro meses, Aguas Andinas rebautizó como Biofactoría Gran Santiago al complejo La Farfana- El Trebal, las dos plantas de tratamiento de aguas servidas que poseen y que desde hace un tiempo operan en forma conjunta, donde se trata el 100% de los residuos que los capitalinos vierten en las redes de alcantarillado y que equivalen a nada menos que 200 mil camiones limpia fosas por día.
El gerente general de la sanitaria controlada por el grupo Suez, Narcís Berberana, dice que esta nueva denominación no es cosmética, sino que es parte de una transformación estratégica con la que buscan responder a dos problemáticas urgentes: el agotamiento de los recursos hídricos y, además, de los espacios para la acumulación de los residuos residenciales e industriales contenidos en el agua.
Respecto del primer riesgo, dice, la empresa es testigo directo del retroceso que muestran los glaciares que constituyen las reservas de agua de la Región Metropolitana.
Lo mismo en el otro extremo de la cadena, donde el único recinto autorizado para recibir los residuos del tratamiento de las aguas, que está en Tiltil, tiene una capacidad finita y, que claramente, será muy difícil habilitar otro recinto de este tipo.
Actualmente, la sanitaria lleva hasta ese lugar sólo el 25% de los lodos que extrae en sus procesos, ya que para el resto encontraron usos alternativos como fertilizante y compost.
“Queremos hacer un cambio respecto a cómo estamos tratando el entorno medioambiental global, porque hasta ahora lo que hacemos en esta ciudad es captar el agua, usarla y botarla. Se requiere cambiar la mirada y aplicar los conceptos de economía circular y desarrollo sostenible, para repensar todo el ciclo y extraer los recursos, reutilizarlos y devolverlos al medio, para ser capaces de no consumir más recursos, ni generar desechos, haciendo todo esto con nuestra propia energía. Así se eliminan los impactos negativos y se potencian aquellos positivos, como los sociales”, comenta el ejecutivo.
Reestructuración e inversión
Para concretar este nueva dimensión del negocio, que implica dejar atrás las obras sanitarias para migrar a los servicios medioambientales, fue necesario reestructurar la empresa en un proceso que se maduró varios meses y se activó recién este 1 de septiembre.
Ese día, Aguas Andinas comenzó a funcionar bajo una nueva lógica, según explica el ejecutivo español, el cual consiste en la simplificación de la estructura, la que a su vez se dividió en tres dimensiones: una parte de los poco más de dos mil trabajadores de la firma atiende el día a día de la empresa, mientras que un segundo grupo fue destinado a funciones de soporte, que en este esquema se definen como aquellas que le dan seguridad a la compañía, ya sea en términos jurídicos, financieros o de recursosn humanos.
Un tercer grupo, que representa un porcentaje importante de la organización, dice el ejecutivo, fue aislado de los perfiles anteriores para dedicarlo exclusivamente a concretar las iniciativas del plan estratégico, las que entre otras cosas incluyen la digitalización de procesos.
“Son personas que están dedicadas exclusivamente a concretar esas iniciativas y llevarlas a la gestión del día a día o a los entornos de soporte. Esto implicó dividir equipos, redistribuir áreas y crear otras nuevas. Ha sido un cambio muy trascendente, porque hay ámbitos de la empresa que están exclusivamente en el día a día, mientras otros no lo están para nada, como la innovación, y cada trabajador debe tener clara cuál es su responsabilidad dentro de estas tres áreas”, asegura.
Con la meta del tratamiento de las aguas servidas de la capital cumplida, la concesionaria le dio forma al resto de las instalaciones que forman parte de la Biofactoría Gran Santiago.
Berberana plantea que plasmar este diseño requiere una inversión marginal respecto de los US$ 2.000 millones que Aguas Andinas ha ejecutado hasta ahora en la infraestructura de tratamiento.
Se trata de US$ 300 millones que consideran integrar, por ejemplo, en el recinto de 140 hectáreas que hoy ocupa la planta de tratamiento de La Farfana, en Maipú, equipos para producir energía eléctrica y calórica para abastecer la totalidad de los consumos del recinto e incluso generar excedentes por más de 130 GWh por año para otros usos requeridos en el país. Esto ya sucede con el biogás que se extrae de los lodos y que hoy Aguas Andinas le entrega a Metrogas.
El plan que la empresa está proponiendo considera la instalación de estructuras para el almacenamiento de gas y una planta de cogeneración eléctrica que tendrá unos 10 MW de capacidad, la que permitiría abastecer, por ejemplo, a 35 mil hogares.
La última fase de esta transformación considera volver a usar las 14 hectáreas en las que antes la empresa secaba de forma natural los lodos que extraía del agua, para instalar allí un parque fotovoltaico. Hoy la sanitaria adquiere el equivalente al 22% de sus necesidades de energía calórica y eléctrica.
En lo que respecta a los residuos, se contempla instalar canchas donde el proceso se realice en forma cubierta, para reducir las ya bajas emisiones de olores de estos recintos. ¿La meta? Que el 100% de los lodos pueda ser convertido en fertilizantes o compost que pueda ser comercializado a escala industrial y residencial.
Hace unos diez años la concesionaria viene aplicando planes pilotos con productores agrícolas de las zonas aledañas a sus instalaciones para probar la efectividad de este producto que comercialmente, aclara Berberana, tras este proceso de recuperación más selectiva de nutrientes como nitrógeno, fósforo, azufre y otros compuestos como ácidos húmicos, puede competir perfectamente con aquellos productos de origen químico.
“La biofactoría, que incluye La Farfana, El Trebal-Mapocho y otras instalaciones, incluye 16 proyectos que requieren inversiones por
US$ 300 millones. Una parte de este monto corresponde a las instalaciones fotovoltaicas, si se descuentan hablamos de US$ 215 millones, que de ejecutarse ahora podrían completarse en 2022”, dice.
La barrera regulatoria
La regulación del sector sanitario establece que cualquier ingreso adicional a la operación de obras sanitarias, que las concesionarias obtengan a partir del uso de estas infraestructuras, debe ser traspasado íntegramente a tarifas.
Esto ha impedido que -salvo contadas excepciones, fruto de negociaciones puntuales con la autoridad- la industria desarrolle servicios como los de corte medioambiental.
Al considerar estas instalaciones como parte del modelo tarifario que la autoridad establece para cada concesionaria, implica un impacto al alza en las tarifas.
Según los cálculos del ejecutivo, ejecutar la Biofactoría tendría un impacto en tarifas que es inferior al 10% y, como ha sucedido con la infraestructura para elevar la autonomía de abastecimiento, podría aplicarse en forma gradual.
“Este esfuerzo es de todos los ciudadanos que pagamos nuestras cuentas, una inversión para mejorar el medioambiente, no un gasto para pagar más. Esto hay que analizarlo bien porque cuando se nos acabe el agua, si no hicimos esto, qué haremos ¿Desalar el agua en San Antonio y traerla por el río en reversa y subir en 200% las cuentas de agua? La alternativa a no hacer nada no es gratuita”, plantea el ejecutivo.
Destaca que las autoridades del sector han dado señales de la necesidad de cambiar la mentalidad y plasmar este nuevo paradigma en la regulación, saliendo de la negociación caso a caso en los procesos tarifarios, pero ahora se requiere que esa actitud proclive se plasme en una acción concreta.
Aterrizan plan de reutilización del agua para consumo humano
Dentro de un mes, Aguas Andinas espera estar en condiciones de devolverle a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) los cuatro proyectos que presentaron para elevar a 48 ó 72 horas la autonomía de abastecimiento de la Región Metropolitana, desde las 32 horas que tendrá en 2019, cuando entren en operación los estanques que construirán en la zona de Pirque y para los cuales ya cuentan con permiso ambiental.
El gerente general de Aguas Andinas, Narcís Berberana, explicó que la autoridad les pidió aterrizar estas iniciativas con más detalles, por lo que en estos momentos están haciendo las ingenierías correspondientes.
La reutilización de las aguas ya tratadas para consumo humano es uno de los proyectos que tanto la empresa como la autoridad ven con mejores ojos. Esto es similar a lo que actualmente hace Esval desde el río Maipo, donde capta aguas que la firma controlada por Suez entregó tras el tratamiento en sus plantas, para abastecer a parte de la Región de Valparaíso.
En este caso, comenta Berberana, la idea que barajan es instalar una planta de osmosis inversa en la Biofactoría de Santiago para completar el proceso de potabilización de parte del agua que sale de allí con calidad de riego. En caso de emergencia, la empresa podría dividir su zona de concesión al inyectar a la red esta agua apta para consumo humano y abastecer a las comunas aledañas al complejo, elevando así la autonomía del sistema de estanques, donde el agua será acumulada también previo al proceso de potabilización y que suministrarían al resto de las comunas.
"Ni Nueva York, ni las grandes ciudades del mundo tienen 48 horas de autonomía de agua potable, porque no tienen el clima ni las circunstancias de Santiago, donde 360 días del año tenemos una de las mejores aguas del mundo y el resto no, debido a los estragos que provocan lluvias a cinco mil metros de altura que nos complican la operación. Pero esto, que antes no pasaba, es un problema que solucionaremos, porque en ningún caso estamos ante un desastre", puntualiza el ejecutivo.
Venta de agua tratada para riego, un tema en stand by
La disputa que la venta de aguas tratadas desencadenó entre sanitarias y usuarios, como las asociaciones de riego, por estos días está dormida, pero hace unos años escaló hasta la justicia y tuvo a Aguas Andinas como protagonista.
Los regantes, explica Berberana, estaban habituados a tomar el agua del río, pero eran caudales que en buena parte estaban constituidos por las descargas de aguas servidas.
Una vez que la concesionaria sacó esos desechos de los cauces y alcanzó la meta de tratar el 100% de las aguas servidas de la Región Metropolitana, quedó en condiciones de cobrar por lo que salía de las plantas de La Farfana y El Trebal, lo que desató un conflicto que hoy, dice el ejecutivo, está en stand by.
"Los regantes hoy usan el agua sin pagar, pero eso hace que el nuestro sea el primer derecho consuntivo de agua (no debe ser restituido) que no es tal. La empresa en realidad actúa casi en delegación de los derechos de todos los ciudadanos, porque si se aplica el mismo criterio de traspaso de ingresos a tarifas que se usa para otros potenciales servicios, la gente está perdiendo de recibir esa reducción por los ingresos de esa venta de agua", plantea.
"Se requiere una regulación que ponga nuevos límites y parámetros"
Andinas, Narcís Berberana, insiste en que el nuevo paradigma de Aguas Andinas no busca cumplir una norma, sino que dejar atrás la EMOS, que tenía su foco en las obras sanitarias, para explotar el concepto de empresa medioambiental de servicios.
"Tampoco quisiera que todo quede centrado en la infraestructura, sino que en el cambio de gestión. Por ejemplo, no es tanto el decir que se puede tener la autosuficiencia energética sí o no, sin importar si es más caro, sino que el objetivo debe ser dejar de tener impacto medioambiental haciendo que eso sea rentable social, medioambiental y económicamente", apunta.
-¿Esto debe ir junto a un cambio regulatorio?
-Es el ideal. Esta planta de La Farfana la han visitado diversas autoridades y, aunque coinciden en que es la mejor solución, luego preguntan por el impacto en tarifas, algo que se puede definir después. Lo más urgente es contar con una legislación que permita, por ejemplo, que la flota sea eléctrica, pero la camioneta convencional vale $ 15 millones y la eléctrica $ 30 millones, y lo que no ve la autoridad es que ese cambio tiene un efecto, porque reduce enfermedades y costos de salud. Cuando eso se valora sube de inmediato la rentabilidad. Se necesita tener esa visión más holística.
-¿Esto tendría que ir más allá de una fijación tarifaria puntual?
-No sé si es un cambio a la ley, pero sí es un cambio para afrontar estos procesos de manera más amplia y no estrictamente pensando en la empresa de obras sanitarias.
-¿Este negocio se ha estancado por la regulación?
-Cambiar el modelo significa que todos salgamos de la zona de confort. Diría que venga una nueva regulación que ponga nuevos límites y parámetros, para que en un plazo determinado las empresas apliquemos las medidas para cumplir. Ese debería ser el modelo tradicional, donde la normativa o la legislación apalanca las medidas y ya luego discutir los costos tarifarios.
-¿A la autoridad le pesa el impacto para la ciudadanía?
-Pero es ella la que maneja todos los presupuestos y recibe el impacto positivo, por ejemplo, de la reducción de costos en salud por las medidas medioambientales. La autoridad debe tener esa mirada de largo plazo y se debe hacer con un acuerdo.
-¿Hay una visión más favorable hacia estos cambios?
-Creo que sí. Hay un entorno de enfrentamiento que es obvio, porque la SISS es un organismo sancionador con el cual naturalmente nos enfrentamos, pero tenemos que generar también los espacios de diálogo. El superintendente habla constantemente de las biofactorías, un concepto que tiene cuatro meses, pero que a sus ojos supone el futuro, por eso hay que conversar cómo hacerlo posible.
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