En el Senado, todos los sectores políticos están de acuerdo en relación a cómo sancionar a Essal tras la crisis de abastecimiento que afectó a Osorno por causa de un derrame de petróleo: aplicar la máxima sanción para una sanitaria en Chile, que es revocar su concesión.
Esta opinión transversal aumentó ayer en la sesión especial realizada en la Cámara Alta para analizar este caso, luego que salió a la luz pública un informe de 35 páginas de una auditoría hecha por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) que detalló el precario funcionamiento de la planta de Essal que provocó el corte; pero esta vez con antecedentes anteriores a esa emergencia que estaban en conocimiento de las autoridades desde octubre de 2018.
“Las conclusiones señalan una serie de carencias, donde desgraciadamente entre ellas no se detectó el riesgo que se corría en la planta por la ubicación del combustible y, por esa razón, estamos haciendo una fiscalización a todas las empresas sanitarias para que lo que pasó con Essal no se repita en otras sanitarias”, asumió el titular de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en la sesión.
La autriodad explicó que el año pasado la SISS solicitó esa auditoría externa debido a la preocupación por el manejo del sistema de producción y distribución de agua potable de Essal.
“Se detectó graves fallas en la operación de esa planta y, por tanto, la superintendencia instruyó a Essal para rectificarlo. Se hizo un plan de trabajo a partir de diciembre de 2018 que termina en septiembre de este año. Essal debe cumplir y establecer la superación de cada uno de esos temas, donde naturalmente la autoridad tiene que fiscalizar que los cumpla”, indicó Moreno.
Al respecto, el titular del MOP asumió que la solución de los problemas que arrastraba la planta de Essal debió haberse completado en un menor plazo.
Cambios en la regulación
Durante su exposición, el ministro de Obras Públicas señaló que la crisis de Essal aumentó la urgencia de perfeccionar la Ley Sanitaria. Sin embargo, aclaró que las modificaciones se venían trabajando desde antes que estallara el corte de agua ocurrido en Osorno, indicando que ese caso “no es lo único”, que habrá que solucionar. “El abastecimiento de agua y los servicios sanitarios en las distintas ciudades de Chile requiere un cambio de legislación”, dijo.
Dentro de la norma que está elaborando el ministerio, Moreno adelantó que se reforzarán las atribuciones de la superintendencia, ampliando sus recursos para aumentar el número de fiscalizadores, que hoy son menos de tres por región. Además se exigirá contar con una red de abastecimiento alternativo más robusto, pues a juicio del titular una de las mayores deficiencias del sistema sanitario es que el nivel de respaldo actual equivale a un tercio de la población total.
En paralelo, Moreno explicó que otro elemento que se cambiará con la normativa es el modelo de fijación tarifaria de las empresas sanitarias. Hoy, consiste en un sistema de tres partes con un consultor de la empresa, otro del gobierno y un tercero de mutuo acuerdo, que acuerdan un monto vigente por cinco años.
A su juicio, este sistema no es suficiente porque no permite una revisión constante y limita el monitoreo por localidad. Por ello, propuso instalar un panel de expertos permanente, cuyo conocimiento de diversas localidades le permita establecer un cobro adecuado a las exigencias del sector.
Una de las mayores críticas de los senadores fue justamente que las empresas sanitarias no cumplían con los planes de inversión y hacen cobros excesivos sin cumplir con un adecuado servicio.
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