Al cierre de esta edición, en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados continuaba un intenso debate en torno al proyecto que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios durante la vigencia del estado de catástrofe decretado por la pandemia, cortar o suspender las prestaciones y continuidad de dichos servicios en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.
En la tarde de ayer, se inició la votación de las más de 40 indicaciones del proyecto de ley para empresas de agua, luz, gas y telefonía e internet.
En este marco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) entregó el jueves su opinión respecto de la iniciativa. La presidenta del gremio, Jessica López, reafirmó en esa instancia el compromiso de la industria sanitaria por no suspender el servicio como ya lo han comprometido, además de prorrogar el pago de cuentas a quienes se encuentren en grupos vulnerables (mayores de 60 años y personas cesantes).
López señaló que la medida la vienen aplicando desde antes de haber llegado a un acuerdo con el gobierno, el que fue anunciado por el presidente Piñera el 27 de marzo. Además, dijo que repusieron servicios cortados, lo que tomó un tiempo, dado que fue necesario que acudieran cuadrillas físicas a cada hogar para reponer el agua potable. Actualmente la asociación la integran la totalidad de empresas que operan en el país. Dentro de estas 54 firmas, sólo 14 son consideradas medianas o grandes y el resto son pequeñas, recalcó.
Rodrigo Zavala, gerente general de Novaguas -sanitaria de Lampa que participó como representante de Andess en la comisión- explicó que son 20 las compañías que tienen menos de mil clientes en el país. Agregó que en su caso, con casi 5.000 clientes, han hecho "todos los esfuerzos que están a su alcance para evitar una tragedia mayor" y mantener la continuidad del servicio, pero que no tienen espaldas financieras como las grandes firmas del sector, con lo cual una medida como ésta podría afectar la continuidad del servicio".
"Quisiera hacer un llamado a que la gente que puede pagar el servicio lo haga, porque esto va generar un conflicto, donde el día de mañana no podamos asegurar la continuidad ni la calidad del servicio", dijo Závala
Los puntos en discusión
Uno de los puntos que se discutía en la comisión era la eventual exclusión de los Programas de Agua Potable Rural (APR), ya que al ser incorporados en esta legislación podría generar impactos relevantes. La diputada Alejandra Sepúlveda sostuvo que los sectores rurales no tienen un trato igualitario y sugirió actualizar la Ficha de Protección Social para que los subsidios puedan operar lo antes posible. Mientras, el subsecretario de Energía, Francisco López, enfatizó que el Ejecutivo se pronunció respecto a un plan solidario que hoy está en operación y que busca beneficiar a más de 3 millones de hogares.
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