Dos años después de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ingresara una consulta para evaluar la fijación de precios de 15 servicios asociados a las empresas sanitarias del país, argumentando que presentan características monopólicas, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) evacuó su informe, rechazando la solicitud de la Fiscalía.
En sus declaraciones, la FNE argumentó que hay servicios que prestan las sanitarias que hoy tienen libertad de precios -como limpieza de fosas, remisión de cuentas de consumo en papel, venta de agua potable a camiones aljibe, el corte de suministro para la conexión de redes de agua potable y otros procesos-, los cuales deberían someterse a una regulación tarifaria por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) dado que, a juicio de la entidad, se trataría de negocios prestados de manera monopólica. Por ejemplo, la Fiscalía expuso que los indicios existentes respecto a la venta de agua potable no dan cuenta de mayor competencia en esta industria, debido al aumento exponencial de gasto fiscal en compras de camiones aljibes.
En lo global, el TDLC indicó en su informe que la solicitud presentada por la Fiscalía no cumple con los requisitos legales ni está en línea con la interpretación de la Ley de Tarifas Sanitarias.
Uno de los aspectos clave que sustentó esta decisión fue que la facultad reguladora del TDLC no se extiende a este tipo de casos: de los 15 servicios que identificó la FNE, 12 son de carácter voluntario, mientras que los otros tres, aunque obligatorios, no cumplen con las condiciones monopólicas necesarias para justificar una fijación tarifaria.
El TDLC enfatizó que regular servicios que las concesionarias no están obligadas a prestar contradice el diseño del sistema regulatorio, ya que generaría un impacto negativo en la oferta, al reducir la flexibilidad de las empresas para ajustar servicios, entre otras cosas.
La entidad detalló que el análisis de la SISS también tuvo un rol destacado en la resolución. La superintendencia concluyó que la mayoría de los servicios propuestos por la FNE no cumplen con los requisitos establecidos en la ley: son servicios voluntarios cuya prestación depende exclusivamente de la decisión de las concesionarias y está sujeta a libertad de mercado.
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