La nueva Ley de Fomento al Reciclaje, en trámite en el Senado, es una gran noticia para Chile, país que al año genera casi 17 millones de toneladas de residuos sólidos -6,5 millones a nivel domiciliario- una de las tasas más altas de Latinoamérica.
Basada en la idea de que el reciclaje es un aporte a la cultura y que las empresas productoras sean responsables de todo el ciclo útil de sus productos; junto a la participación de la comunidad en la gestión sus desechos reutilizables (separación de origen), el proyecto establece obligaciones que ya han sido implementadas en países como Austria o Alemania, que al año reutilizan más del 60% de sus desechos.
Como Colegio de Arquitectos, y respaldados en el trabajo de nuestro Comité de Sustentabilidad y Energía, apoyamos la iniciativa, pero creemos hay aspectos que debemos precisar. En primer lugar, establece como productos prioritarios: aceites; aparatos electrónicos; diarios y revistas; envases; neumáticos y baterías, los que deberán ser retirados desde los domicilios por las empresas productoras, que financiarán el costo con una recarga al producto final. Pero deja un vacío al no considerar los desechos de la construcción, que representan entre el 26% y el 34% de los residuos sólidos del país.
Sobre la separación de origen, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no exige incorporar en las edificaciones dimensiones y accesibilidad para los residuos. Para implementarla, se necesitarán más contenedores y espacio para las salas de basuras y en el caso de los futuros edificios contar con dos conductos de basura: uno para los desechos orgánicos y otro para los inorgánicos.
La regulación también establece permisos municipales para veredas y plazas para instalar puntos limpios, indicación que nos preocupa, ya que no estipula exigencias de diseño urbano, ni cuántos puntos verdes debe haber por comuna, lo que puede afectar el buen uso de estos espacios públicos.
Por último, creemos que para instaurar una política de largo plazo, además de educar a la población y prevenir, se deben entregar incentivos en el uso de materiales de bajo impacto ambiental, con sello e información de su ciclo de vida.
Con medidas y metas de recolección claras podremos conseguir beneficios ambientales, sociales y económicos, disminuir la huella de carbono y en el caso del reciclaje de materiales de construcción, evitar problemas como vertederos ilegales, realidad que afecta a tantas comunidades.
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