Pasos significativos está tomando la discusión en torno a la elaboración de la Ley de Delito Ambiental, luego de que ayer la comisión de Medio Ambiente del Senado, encargada de tramitar la norma, decidiera conformar un grupo de expertos para trabajar permanentemente con los parlamentarios.
Un equipo compuesto por cinco abogados con trayectoria en medio ambiente: Jean Pierre Matus, Rodrigo Guzmán, María Cecilia Ramírez, Marcelo Castillo y Jorge Andrés Cash, serán quienes acompañarán las discusiones sobre la materia, con el fin de acelerar la creación de la legislación y para que esta pueda ser lo más pronto votada en el Congreso.
La idea es que el trabajo no sea meramente consultivo, sino que se produzcan propuestas paralelas a los parlamentarios y que en cada citación se cuente con la presencia de al menos uno de los expertos, producto de la alta complejidad de la materia. Asimismo, cuenta alguien cercano al proceso, que el presidente de la comisión, Guido Guirardi, impulsó la creación de esta mesa de abogados para dar un carácter más técnico a la discusión y puedan organizarla en una base sólida, así no se "entrampe la propuesta" en visiones políticas.
"Con esto se trata de evitar lo que ha ocurrido hace veinte años con la ley que trata de regular la materia, quedando estancado por faltas de acuerdo y definiciones técnicas muy relacionadas a tintes políticos. Por esto trata de pavimentar el camino en lo técnico para tomas buenas decisiones", dice la misma voz.
Esta mesa de trabajo acompañará a la ley hasta la votación de la misma en el Congreso, donde los parlamentarios harán correcciones situación que, aseguran, será la parte más compleja para el equipo, porque deberán sistematizar, ordenar todas las sugerencias que podrían alcanzar hasta los 1.000 comentarios.
Antecedentes del proceso
La ley que tipifica los delitos graves en contra del medio ambiente desde que salió de Moneda el 22 de enero ha estado en el foco de la mirada política, pues desde la Cámara Alta de Diputados se solicitó una revisión a la Corte Suprema (CS), organismo que lanzó duros cuestionamientos a la norma.
Una de las críticas centrales fue que aunque parece "razonable" mayores atribuciones a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), advierte que la manera en que se fija esta política podría producir resultados de "objetable constitucionalidad".
La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, fue citada a la comisión de Senadores, quienes estaban preocupados por los comentarios de la Suprema, pero la titular defendió la norma y aclaró los puntos cuestionados sobre el SMA citando como ejemplo la discusión de la ley sobre libre competencia.
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