Malas noticias para el gobierno. A dos días de ser adjudicada la licitación del litio en medio de una creciente controversia entre los parlamentarios de oposición y la administración entrante, este viernes la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite un recurso de protección, dictando la orden de no innovar, suspendiendo el proceso.
La acción fue interpuesta por el gobierno regional de Atacama, representado por el gobernador Miguel Vargas, quien el lunes presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó para suspender y paralizar la adjudicación de la licitación. En esa petición incluía además que se decretara la orden de no innovar para suspender provisionalmente la convocatoria.
Entre los argumentos planteados por el gobernador están la vulneración de las garantías constitucionales tales como la igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Pero también, en una vista en conjunto, se acogió el recurso presentado el miércoles por la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños. La agrupación acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el Presidente de la República, Sebastián Piñera, por "omitir el deber el Estado y el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa respecto del proceso de licitación".
"Teniendo presente que el acto impugnado se encentra en plena ejecución, se concede no innovar, paralizándose el proceso de licitación y adjudicación del litio, en tanto se resuelve el presente recurso", se sostiene en la resolución que se pronunció esta tarde en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó.
De esta forma, ésta se convierte en la primera acción que pone en jaque el proceso, el que en estos momentos está recién adjudicado entregando dos de las cinco cuotas que se ofrecían a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. Dejó en camino a Albemarle Limitada, Cosayach Caliche S.A., y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM).
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Los detalles del acta que adjudicó el proceso
Si bien este viernes vencía el plazo para la adjudicación de la polémica licitación del litio, el gobierno se adelantó y este miércoles anunció la entrega de dos de las cinco cuotas que se ofrecían. Y aunque la adjudicación estuvo lejos de calmar los ánimos, en la industria la duda está en las razones que habrían dejado afuera al resto de los participantes.
Según el acta de adjudicación del proceso, el 6 de enero el Comité Especial de Licitación (CEL) se reunió para proponer al ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, la adjudicación de esta licitación. Al revisar la propuesta de la instancia en la asignación de 400 mil toneladas de litio metálico comercializable, se señala que se pudo observar que, si se consideran las ofertas y llevado este monto al valor de cuota de 800 mil toneladas, "es posible comparar la disparidad de disposición de pagor por cuota".
"Desde marzo del 2021, época en que se daba inicio al diseño del actual proceso licitatorio hasta esta fecha, a diciembre de 2021, el precio en dólares por tonelada de litio comercializable ha incrementado tres veces su valor según datos de S&P Global Market Intelligence para hidróxido de litio en China", se consigna en el acta, agregando que esto permite demostrar el potencial que significa para Chile a nivel global aumentar en los mercasos su participación.
En esa línea, se declara que, al revisar las diversas ofertas económicas presentadas, "es posible observar la disparidad en cuanto al monto que existe entre ellas, existiendo tres escalones de precio". Además, considerando las alternativas que plantea el mercado y las necesidades de litio, se indica que la "máximización de recaudación fiscal no es posible obtenerla considerando todas las ofertas propuestas".
Por el contrario, se agrega, "es posible que en un futuro próximo, en procesos licitatorios similares, la autoridad pueda considerar ofertas económicas más representativas de la realidad que actualmente se observa en el mercado".
Respecto a lo anterior, se apela a los principios de "eficacia" y "eficiencia" que se deben considerar en el ejercicio de la función pública. En cuanto a la eficacia, se dice que ésta debe permitir lograr la consecución de las metas que tiene el Ministerio de fomentar el desarrollo de la actividad minera, especialmente considerando la política nacional minera, y el hecho de encaminarse a una minería que sea cada vez más limpia.
Mientras, sobre la eficiencia, se plantea que el Ministerio está consciente de la importancia que tiene esta licitación, las necesidades actuales que existen en materia de litio y el hecho que es fundamental que la gestión económico-financiera-pública permita la mejor relación posible entre los resultados obtenidos.
En este caso, maximizar la recaudación fiscal considerando las ofertas existentes y la posibilidad de generar beneficios para el Estado por la explotación de litio, ya sea a través de la entrega de nuevos CEOLs en el futuro u otras vías.
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