Las acciones para intentar frenar la licitación del litio que ayer fue adjudicada, entregando dos de las cinco cuotas que se ofrecían, a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A, no se detienen. Esta vez, los dardos se dispararon desde el Congreso y del Consejo de Pueblos Atacameños.
Siete diputados -Daniella Cicardini, Juan Santana, Juan Luis Castro, Marcos Ilabaca, Leonardo Soto, Jaime Naranjo y Raúl Soto- presentaron un escrito para el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para que inicie una investigación a objeto de recabar antecedentes sobre la legalidad de las actuaciones del Ministerio de Minería respecto a la licitación del litio.
Según los diputados, resulta especialmente preocupante la omisión del informe previo obligatorio de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), no solo en la resolución del 27 de julio de este año, que autoriza el llamado y aprueba las bases de licitación púbica para la suscripción de un contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio; sino que también en el decreto del 12 de octubre que establece requisitos y condiciones del contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos del litio, "el cual ni siquiera se menciona entre sus fundamentos y antecedentes".
Asimismo, los diputados recalcan que las bases de licitación no contemplan la suspensión como mecanismo sancionatorio y también aluden a la indeterminación de la sustancia no concesible. "Sin perjuicio de poder comprender que las 'cuotas' puedan ser un elemento constitutivo de los requisitos y condiciones establecidas por el presidente, estas carecen de especificación y determinación del yacimiento o área geográfica", agregan.
Consejo de Pueblos Atacameños acuden a la justicia
La acción de los diputados se suma a la interpuesta ayer por la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños. La agrupación acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el Presidente de la República, Sebastián Piñera, por "omitir el deber el Estado y el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa respecto del proceso de licitación".
Según se consigna en el escrito de 25 páginas, se alude a un actuar "ilegal y arbitrario" debido que "dispone de la exploración, explotación y beneficios del territorio indígena atacameño, tierra indígena, espacios territoriales, lo que vulnera las garantías constitucionales de los numerales 1,2,8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política".
De esta forma, se pidió admitir a tramitación este recurso y se acoja, disponiendo que se cumpla con la normativa nacional y tratados internacionales ratificados por Chile, adoptando "todas las medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los afectados".
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