Días claves en su tramitación vivirá en los próximos días el polémico proyecto de royalty minero, tras la aprobación en general alcanzada el martes en la comisión de Minería y Energía del Senado.
A la espera de su votación en la Sala, el gobierno deberá dejar atrás el hermetismo que ha mantenido durante el avance de la iniciativa y sincerar la forma en que intervendrá en la discusión, saliendo de su rol crítico y de espectador.
Fue en plena votación en general de la semana pasada, cuando los dos senadores oficialistas de la instancia reconocieron su disposición respecto a que la minería aporte mayor recursos, pero impulsando una iniciativa en el marco de la legalidad. Uno de ellos, el senador Alejandro García Huidobro, junto con insistir en que el proyecto en discusión es "absolutamente inconstitucional", aseguró que le gustaría que el Ejecutivo pudiera hacer una propuesta concreta.
El llamado no quedó ahí y su par, el senador Rafael Prohens, conversó un día después de la votación con el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, para insistir en un pronunciamiento.
Según explica, el Ejecutivo no podría hacer indicaciones sobre un articulado inconstitucional, por lo que la opción más plausible -a su juicio- es que se presente una indicación sustitutiva que reúna lo conversado a partir de las más de 60 exposiciones de diversos actores. En la práctica, esto equivale a un proyecto nuevo, pero que no parta desde cero en su trámite.
"Lo que estamos pidiendo es que el Ejecutivo se haga cargo, se haga parte y hagamos un proyecto que todos queremos que salga adelante", dice, agregando que tiene "la esperanza y la confianza de que el gobierno va a mandar un proyecto royalty sustitutivo".
"Este es uno de los pocos proyectos que hay consenso de que se tiene que hacer, entonces, no podría entender que el Ejecutivo no se haga cargo siendo que la industria también reconoce que hay un espacio", dice.
Fuentes del Congreso comentan que el momento para pronunciarse es ahora, ya que se dio la discusión reposada que se buscaba. Además, una vez comenzada la discusión en particular, se verán reducidas las posibilidades del Ejecutivo de influir en la iniciativa. Menos, si se acercan las elecciones de noviembre.
Para García Huidobro, "cuando un proyecto es inconstitucional, podemos conversarlo, pero no tiene sentido seguirlo tramitando, porque el día de mañana llegará al Tribunal Constitucional". Por esto, espera que el gobierno haga el análisis respectivo y que se alcance un acuerdo político.
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Desde el ministerio se limitaron a comentar que la cartera "ha seguido de cerca la tramitación y mantenido conversaciones con los distintos actores de cara a potenciar y proyectar el desarrollo y la contribución que en distintos ámbitos hace el sector minero al país, en el marco de los desafíos y metas que plantea la Política Nacional Minera 2050".
El senador Guido Girardi recalcó que "el gobierno tiene dos alternativas: ser voyerista o ser protagonista, porque este proyecto se va a aprobar igual y con indicaciones de los parlamentarios de la oposición". Sobre la posibilidad de un acuerdo, puntualizó: "El gobierno siempre conversa, pero tenemos que tomar una decisión, ellos como gobierno y nosotros como oposición".
Se afinan indicaciones
Una vez que se vote en Sala, se abrirá un plazo para la presentación de indicaciones. En esa tarea ya trabajan los parlamentarios y sus asesores. Además de la fórmula que definirá la recaudación adicional de la minería, por ejemplo, Prohens insistirá en asegurar un porcentaje para las regiones y un mayor compromiso de las empresas en el desarrollo de las localidades rurales donde éstas están instaladas.
Michel Jorratt, consultor. Foto: josé Montenegro
La alternativa que comienza a generar
sentido para aumentar la recaudación
En cuanto a aumentar la recaudación por parte de la minería, en la discusión de la comisión de Minería y Energía del Senado hubo disposición desde la industria y el Congreso para abordar este tema, aunque con una fórmula distinta a la que llegó de la Cámara de Diputados.
Cobró sentido en la discusión lo planteado por el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) y hoy consultor Michel Jorratt, quien junto a otros académicos de la UC y el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) presentaron la semana pasada dos alternativas para aumentar la recaudación.
En una de ellas, se busca subir las tasas hoy vigentes del impuesto específico a la actividad minera, y en la segunda, también se sube ese mecanismo -aunque en menor proporción-, pero se considera un impuesto a las ventas de 1%. En ambos casos, según las modelaciones hechas, se incrementa la recaudación frente al modelo actual e incluso se supera a Perú, que tiene una tasa mayor.
Lo visto en las propuestas "señala con mayor claridad que hay un espacio importante para aumentar la tributación sin comprometer la competitividad en Chile", recalcó Girardi.
Según la senadora Isabel Allende, es muy importante tener un royalty porque la minería puede pagar más. "Hoy la minería está en condiciones de hacerlo con este mejor precio del cobre y el país requiere que se le compense frente a la extracción de un recurso que no es renovable. Y hay que hacerlo en condiciones que permitan que siga siendo competitiva", afirmó, agregando que la tasa impositiva que finalmente se tendrá se definirá en la discusión en particular.
Agregó que "es necesario mejorar la capacidad de fiscalización, tanto de Cochilco como de Aduanas, para que la exportación de concentrado no vaya -como ocurre hasta ahora- una serie de minerales como tierras raras y otros que ni siquiera se consideran y que debieran pagar".
García Huidobro explicó que la fórmula debe apuntar a que "a medida que el precio y las utilidades sean mayores, el aporte sea mayor".
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