Amazon se convirtió en la primera empresa de EEUU en desafiar la legislación propuesta por la UE diseñada para obligar a las Big Tech a controlar el contenido en línea, argumentando que la ley la está atacando injustamente.
El gigante tecnológico con sede en Seattle presentó el martes una petición ante el tribunal general de Luxemburgo para anular su designación como una "plataforma en línea muy grande" en virtud de la Ley de Servicios Digitales, que impone obligaciones adicionales para abordar el discurso de odio y la desinformación en línea.
El movimiento de Amazon será seguido de cerca por las otras 18 compañías, incluidas Twitter y TikTok, que la UE ha dicho que están dentro del alcance de la ley.
El mes pasado, Zalando de Alemania, el minorista en línea más grande de Europa, se convirtió en la primera empresa en iniciar una acción legal por verse atrapada por la legislación. Durante mucho tiempo se esperaba que los grupos de Silicon Valley también desafiaran las reglas.
El Algoritmo de Firma Digital (DSA por sus siglas en inglés) busca apuntar a intermediarios como Zalando para que los reguladores puedan controlar mejor la seguridad y la autenticidad de los productos que se venden en línea.
Amazon dijo: “La DSA fue diseñada para abordar los riesgos sistémicos planteados por empresas muy grandes con publicidad como su principal ingreso y que distribuyen discurso e información. Amazon no se ajusta a esta descripción de una "plataforma en línea muy grande" según la DSA y, por lo tanto, no debe designarse como tal".
La compañía estadounidense dijo que la mayor parte de sus ingresos proviene de su negocio minorista. Su adición a la lista de empresas objetivo de la Comisión Europea significaría que sería "injustamente señalada y obligada a cumplir con onerosas obligaciones administrativas que no benefician a los consumidores de la UE", dijo.
Amazon argumentará que su tienda ofrece a los usuarios productos para la venta y que no difunde contenido, como desinformación, que las reglas de la DSA pretenden abordar.
La ley entra en vigor el 25 de agosto y es parte de una reorganización de las reglas digitales del bloque. Establece nuevos estándares para vigilar el discurso de odio, la desinformación y las falsificaciones en línea que todas las grandes plataformas digitales deben cumplir.
La comisión no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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