Por Natalia Godoy
Trabajando contra reloj se encuentran al interior de La Polar en vista del road show que esperan llevar a cabo en marzo, según el plan inicial acordado con Celfin.
De acuerdo a fuentes cercanas al retailer, la primera semana de marzo será decisivia. Ahí la mesa directiva de La Polar definirá la fecha de la esperada instancia que busca atraer nuevos inversionistas a la compañía.
Por lo pronto en La Polar vienen avanzando con la presentación y la evaluación de su operación en Colombia. Además, están a la espera de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, los cuales están a cargo de Ernst & Young. Según cercanos al trabajo que está realizando la auditora se estima que la próxima semana podría haber humo blanco, al menos con la situación financiera de la filial del retail, Inversiones SCG. Se trata finalmente de los números más importantes considerando que allí se generaron las pérdidas más relevantes, a raíz de las malas prácticas con las repactaciones unilaterales de la tarjeta de crédito y la cuestionada forma de provisionar de la antigua administración. Respecto al resultado consolidado aún no existe fecha preliminar de entrega, pero la compañía tiene plazo hasta el 31 de marzo para enviarlos a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Otro de los temas que también tendrá que definirse es si finalmente se abrirán las dos tiendas en abril, las que están contempladas en el plan de negocios informado en octubre pasado.
SVS vuelve a oficiar
Ayer La Polar volvió a responder un oficio de la SVS sobre los juicios que lleva adelante con clientes que la demandaron a causa de las repactaciones unilaterales. El regulador le consultó al retailer si el resultado de dichos juicios se encuentra provisionado. Esta ya es la tercera vez que la autoridad consulta sobre el mismo tema.
En esta oportunidad el retailer adjuntó las fotocopias de cada uno de los fallos recaídos en juicios interpuestos. Se trata de cuatro sentencias de primera instancia dictadas por el Juzgado de Policía Local de Huechuraba y una sentencia dictada por el Juzgado de Policía Local de Curacaví.
Según el informe, son dos condenas de 45 UTM, dos de 50 UTM y una de 100 UTM, todas con apelaciones pendientes.
No obstante la compañía señaló que “respecto de los juicios sobre los cuales recaen las sentencias señaladas en el punto 2 anterior (del Juzgado de Curacaví), sus resultados han sido provisionados parcialmente toda vez que la ocurrencia de un fallo adverso ha sido calificado como probable o posible, de acuerdo a las normas IFRS, no siendo objetados por Ernst & Young, auditores de la compañía”, especificó.
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