Una nueva arista judicial abrió el caso de Matías Videla, el exgerente general de Cencosud sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por utilizar información privilegiada.
El retailer ligado a la familia Paulmann demandó a Southbridge Compañía de Seguros Generales y Starr International Seguros Generales para que los tribunales reconozcan la cobertura de los gastos asociados a la defensa del exejecutivo y evitar una eventual devolución de $109,3 millones.
La acción fue presentada en junio por Cencosud. En el escrito de 37 páginas la firma solicita el cumplimiento forzado de un seguro de responsabilidad civil para directores y ejecutivos, conocido como D&O, cuyo riesgo habría sido asumido en partes iguales por ambas aseguradoras.
El programa contratado tenía una cobertura significativamente superior al monto discutido. Contemplaba una póliza primaria por US$ 20 millones y otra de exceso por US$ 40 millones adicionales, ambas vigentes entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023. En el documento se explica que la contratación fue intermediada por Aon Risk Services Chile y consideró una retroactividad ilimitada, se desprende de los documentos presentados.
El conflicto se remonta a mayo de 2023, cuando Cencosud denunció el siniestro originado en la formulación de cargos de la CMF contra Videla. El regulador terminó aplicándole una multa de 15 mil UF por adquirir 613.026 acciones de Cencosud por cerca de $ 800 millones mientras tenía acceso a información reservada sobre una eventual adquisición en Brasil.
La sanción fue confirmada por la propia CMF y posteriormente por la Corte de Apelaciones de Santiago. En febrero de 2026, la Corte Suprema ratificó el rechazo del reclamo presentado por Videla.
Durante la tramitación del caso, Southbridge y Starr desembolsaron $ 129,6 millones por honorarios correspondientes a la defensa de Videla y a la asesoría de otros ejecutivos citados a declarar. Los pagos fueron realizados inicialmente de manera directa a los estudios jurídicos y, posteriormente, a Cencosud.
La póliza permitía que los ejecutivos asegurados eligieran libremente a sus abogados, aunque los honorarios debían contar con la aprobación previa de las compañías. También establecía que estos desembolsos operaban como anticipos y podían ser recuperados si finalmente se determinaba que el siniestro no estaba cubierto.
En abril, el liquidador Charles Taylor Chile reconoció cobertura por solo $ 20,3 millones, correspondientes a la asesoría de testigos y otros ejecutivos. Respecto de los restantes $ 109,3 millones, vinculados directamente con la defensa de Videla ante la CMF y los tribunales, concluyó que estaban alcanzados por una exclusión de conducta y recomendó a las aseguradoras exigir su restitución.
Consultada la empresa dijo que "no realizamos declaraciones sobre procesos judiciales en curso”.
La disputa por la póliza
Cencosud cuestionó esa interpretación. En su demanda sostuvo que las condiciones particulares del seguro eliminaron expresamente la posibilidad de activar la exclusión mediante una resolución de una autoridad administrativa.
A juicio del retailer, se requiere una sentencia judicial o arbitral que califique la conducta como criminal, deshonesta o fraudulenta, o una admisión escrita del asegurado. La compañía argumentó que las sentencias dictadas en el caso se limitaron a revisar la legalidad de la sanción de la CMF y no calificaron autónomamente la conducta de Videla bajo los términos exigidos por la póliza.
Antes de acudir a tribunales, Cencosud impugnó formalmente el informe de Charles Taylor. El retailer cuestionó el rechazo de los honorarios, la recomendación de exigir su devolución y un error en la identificación del seguro: el documento consignó el número correspondiente a la póliza de exceso por US$ 40 millones, pero lo vinculó con el límite de US$ 20 millones de la cobertura primaria.
Según la demanda, el propio liquidador reconoció posteriormente la equivocación. Sin embargo, el 1 de junio respondió la impugnación y mantuvo íntegramente sus conclusiones. Cencosud afirmó que Southbridge y Starr adhirieron a esa decisión sin aportar antecedentes adicionales. Quince días después, presentó la acción judicial.
La respuesta de las aseguradoras
Southbridge y Starr todavía no contestan el fondo de la demanda. El 19 de agosto interpusieron una excepción dilatoria de ineptitud del libelo y solicitaron que Cencosud corrija su presentación.
Las aseguradoras sostuvieron que existe una contradicción entre la acción ejercida y los hechos relatados por el retailer, debido a que los $109,3 millones ya fueron pagados como anticipo de costos de defensa y no existe una prestación económica pendiente cuyo cumplimiento pueda ser ordenado.
Además, remarcaron que no han realizado un cobro concreto contra Cencosud. Según su presentación, la compañía busca obtener una declaración sobre el carácter definitivo de pagos ya efectuados e impedir una restitución que todavía es “eventual y futura”.
El tribunal deberá resolver primero este cuestionamiento procesal. Si lo acoge, Cencosud tendrá que precisar o corregir su demanda antes de que comience la discusión sobre la cobertura del seguro.
En cuanto a los equipos legales, Cencosud es representada por Rodrigo Sapag Álvarez, socio del estudio Portha Abogados y Consultores. Por Southbridge y Starr International, ambos estan asesorados por Sebastián Mardones, de Goñi & Cía Abogados.
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Magdalena Espinosa
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