Por J. Troncoso Ostornol
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pondrá a prueba a los máximos ejecutivos de las empresas acusadas de colusión en la industria de los supermercados.
El organismo antimonopolio denunció a principios de año a Cencosud (matriz de las cadenas Jumbo y Santa Isabel), Walmart Chile (Lider, Ekono y Bodega ACuenta) y SMU (Unimarc) de haber participado en un acuerdo para fijar, a través de sus proveedores, un precio mínimo de venta de la carne de pollo fresco, al menos entre 2008 y 2011, restringiendo la competencia en este mercado. Pidió multas de US$ 25 millones para cada empresa.
Las compañías denunciadas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), han rechazado categóricamente la acusación.
Como parte del proceso, el próximo 19 de diciembre, Jaime Soler, gerente general corporativo de Cencosud, y sus pares de Walmart Chile, Horacio Barbeito, y SMU, Marcelo Gálvez, deberán presentarse ante el tribunal luego que ayer fueran citados por los ministros del TDLC, presidido por Enrique Vergara, a petición de la FNE.
Según la resolución, se convocó a los ejecutivos en su calidad de representantes legales de las acusadas para que “comparezcan personalmente” a absolver posiciones (responder preguntas) “sobre hechos personales y ajenos del juicio por colusión”.
Las audiencias serán simultáneas y paralelas, como pidió la FNE. Además, las preguntas se mantienen en sobres cerrados bajo custodia de la secretaria abogada del TDLC, también a solicitud de la fiscalía.
El organismo antimonopolio busca evitar que los ejecutivos conozcan las respuestas de sus pares, pues anunció que entregará nuevos antecedentes de la investigación.
“Dada la pluralidad de intervinientes en la conducta denunciada -que en este caso alcanza a tres competidoras-, existen diversos antecedentes que serán expuestos por esta fiscalía en los respectivos pliegos de posiciones (preguntas a realizar), que resultan comunes a los representantes legales citados. Por ende, resulta esencial que tanto las preguntas que se formularán al primero de ellos, como sus respuestas, no puedan ser conocidas de antemano por el resto”, dice la solicitud presentada por la FNE, y que finalmente fue acogida por el tribunal.
Según la fiscalía, el que no se realicen audiencias paralelas y simultáneas podría “desnaturalizar” los interrogatorios, puesto que los representantes que acudan luego del primer ejecutivo citado “tendrán acceso a información relevante que podría alterar el carácter individual de esta gestión y la utilidad que la misma pueda tener para esclarecer los hechos que fundan el requerimiento”.
Mercado del pollo
Según la denuncia presentada por la FNE, el objetivo de la colusión de las cadenas de supermercados fue “regularizar el mercado” y “evitar guerra de precios”, por lo que pidió el máximo de multa que permite la ley para casos de colusión: 30 mil UTA, unos US$ 25 millones para cada empresa.
Pero en el requerimiento -firmado por Mario Ybar (subrogante del fiscal Felipe Irarrázabal, quien se inhabilitó, pues fue abogado de Cencosud)- la FNE fue más allá y planteó que estos acuerdos se darían en otras categorías de productos.
“De acuerdo a la evidencia allegada a la investigación, el tipo de interacciones señaladas entre supermercados y proveedores no se limita a la categoría de pollo fresco, existiendo antecedentes que dan cuenta de un cierto grado de transversalidad de la misma respecto de otros productos que componen la canasta”, sostiene el requerimiento.
Sobre este punto, en la denuncia ante el TDLC no se aclaró si se presentarían nuevos requerimientos en contra de las cadenas.
Hasta ahora, la FNE no ha entregado nuevos antecedentes sobre si los eventuales acuerdos entre las empresas se dieron en otros rubros.
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