Sigue las repercusiones por la polémica inoculación del presidente del directorio de la Clínica Las Condes, Alejandro Gil. Este viernes, el gobierno ingresó una denuncia a la Fiscalía Metropolitana Oriente donde pone en conocimiento "hechos que podrían constituir el delito contemplado de apropiación indebida", contra el ejecutivo luego de que se conociera que fue vacunado con una tercera dosis contra el Covid-19.
En el documento -firmado por las subsecretarias de Salud, Paula Daza, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell- se detalla que el 3 de julio Gil, en compañía de la gerenta de Enfermería Andrea Gaete, se habrían presentado en el vacunatorio de la Clínica Las Condes, ubicado en Estoril 450, en la comuna de Las Condes.
Ahí, se relata, "habrían exigido a las funcionarias que se encontraban en el lugar que les hicieran entrega y suministraran a Gil una dosis de la vacuna Pfizer-Biontec, correspondiente al lote EY0585, contraviniendo los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria". La petición, puntualizan las autoridades, se realizó aludiendo a la calidad de presidente de Gil y de gerenta de Enfermería en el caso de Gaete.
"La dosis supuestamente apropiada por el señor Gil se encontraba en poder de la Clínica Las Condes, únicamente debido a que le había sido entregada en administración por la autoridad sanitaria, con la obligación de que dicho establecimiento de salud la suministrara estrictamente en la forma y condiciones que la misma autoridad señale y, en ningún caso, para que se dispusiera de ella a su arbitrio o capricho con fines personales de Gil, en su calidad de propietario de la citada Clínica", se enfatiza en el escrito.
Las autoridades recalcan que, una vez que Gil se habría apropiado indebidamente de una dosis de la vacuna Pfizer-Biontec, la que además se encuentra destinada para ser suministrada a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, el presidente del directorio de la Clínica Las Condes "habría realizado acciones directas destinadas a asegurar la impunidad en su actuar".
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En específico, se señala que presentó un certificado médico con fecha 5 de julio, dos días después de que ya había exigido la inoculación a su respecto con la tercera dosis, donde justificaba su actuar en la indicción médica de la inoculación. Además, despidió a la funcionaria Carla Garrido quien informó el "Evento de Error de Programación mediante formulario a la Seremi Metropolitana de Salud".
Así, el gobierno asegura que estos hechos, "además de configurar la comisión de los delitos denunciados, perjudica directamente al grupo más vulnerable de nuestra población a quienes se destina dicha inoculación, esto es, niños y adolescentes".
Tras la presentación de la denuncia, Martorell enfatizó que "las vacunas Pfizer que va recibiendo el Estado y que, además son gratuitas, están destinadas hoy a niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años y en ningún caso han sido autorizadas para una tercera dosis de ninguna persona".
Esta acción se suma al sumario sanitario en contra de la Clínica Las Condes que inició la Seremi de Salud Metropolitana.
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