Una dura reacción a las declaraciones de la Asociación de Isapres en rechazo a la propuesta de ley corta del Gobierno que busca dar un marco a la crisis de la industria y cumplir el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, formularon este jueves el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud.
“Las isapres son responsables del actual escenario que enfrentan” señalaron ambas instituciones, en reacción a la posición adoptada por el gremio, argumentando que las aseguradoras de salud “han reportado ingresos operacionales de US$ 12.248.910.129 desde el año 2020 a la fecha”. Esto en referencia al período establecido por el máximo tribunal para determinar las devoluciones de cobros a los afiliados que las aseguradoras de salud hayan realizado por sobre el parámetro vigente desde esa fecha.
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De acuerdo a informaciones entregadas tras la reunión que sostenida este lunes entre el Minsal con senadores y diputados para iniciar el trabajo prelegislativo del proyecto de ley corta, trascendió que la autoridad estima que el monto de las devoluciones asciende a unos US$ 1.400 millones. Ante la magnitud de la cifra y los ejes del diseño de la iniciativa legal dado a conocer por la cartera, la asociación acusó que “lo presentado no da viabilidad a las isapres; al revés, sería la lápida del sector. Como proyecto carece de toda factibilidad financiera”.
En respuesta, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud enfatizaron hoy que “dichos ingresos corresponden a “cobros indebidos” por la inconstitucionalidad de la fórmula que utilizaron (TC. Rol N°1.710 de 2010)” de acuerdo a lo señalado por la Corte Suprema y reiteraron que “el Gobierno cumplirá con el mandato” instruido en la sentencia del máximo tribunal.
“La Corte Suprema también señaló que, con la entrada en vigencia, en abril de 2020, de la Tabla Única de Factores de Riesgo, creada por la Superintendencia de Salud mediante la Circular IF.N°343/2019 (CS. roles N°16.630; N°25.570; N°14.513; y 13.979 todos de 2022) algunas personas pagaron más de lo que les correspondía por su plan de salud, y que las Isapres deben restituir vía excedentes esas diferencia”, añadieron.
En su embestida contra las aseguradoras de salud, la declaración del Minsal y la Superintendencia de Salud señala que “la Asociación de Isapres se ha negado a ser parte de la solución del problema que ellas mismas generaron y, por lo tanto, a resguardar el acceso a la atención de salud de más de tres millones de personas que pertenecen al sistema de salud privado, al retirarse voluntariamente de la mesa de trabajo convocada por las autoridades de salud”.
“El Gobierno tiene el deber constitucional de asegurar atención de salud a todas las personas del territorio y bajo ese mandato está avanzando, de manera conjunta con parlamentarios y parlamentarias, en un proyecto de ley que permita dar una solución gradual y equilibrada que, por una parte protege a las personas, que son el objetivo principal, y, por otro evite el efecto sistémico que esta situación pueda provocar al sistema de salud”, indicaron respecto de los ejes del trabajo de diseño de la ley corta que tiene comprometido enviar al Congreso a fines de este mes, en principio.
Finalmente, insistieron en que “el llamado del Gobierno a las isapres es a poner a las personas afiliadas en el centro de la solución, a dar certezas a la población y los invitamos a sumarse de manera constructiva al trabajo que se está realizando para que este tenga buenos resultados para las personas y el sistema de salud”.
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