Una crítica frontal a los porcentajes de alza de los planes base de las isapres establecido por el regulador para el próximo proceso de reajuste en el periodo 2022-2023, formuló el gremio que representa a la industria.
“Con su decisión, la Superintendencia de Salud socava el ya deteriorado funcionamiento del sistema y eleva la incertidumbre sobre su viabilidad, al impedir que las isapres apliquen el reajuste necesario para mantener sus operaciones”, aseveró la asociación en un comunicado difundido a última hora el jueves.
Así, la entidad cuestionó el resultado del análisis del regulador a los antecedentes que las aseguradoras le entregaron el jueves pasado y su cálculo de sus variaciones de costos que serán el parámetro fundamental para las propuestas de reajuste de los contratos de salud. Esto, luego de que el 18 de agosto pasado la Corte Suprema dejó sin efecto la adecuación de los precios que la industria había comenzado a aplicar desde junio e instruyó un nuevo procedimiento.
“Las isapres entregaron todos los antecedentes requeridos para la verificación, pero la autoridad estableció una nueva fórmula de cálculo que subvaloró la variación real de costos”, manifestó el gremio respecto de lo determinado por la Superintendencia de Salud. En definitiva, la autoridad estableció que mientras Consalud y Nueva Mas Vida podrán aplicar el tope máximo general de 7,6% -ya que calculó variones mayores a ese limite con aumentos de 14,4% y 7,8 %, respectivamente- las restantes instituciones se ubicaron por debajo de ese indicador: Banmédica 5,6%, Colmena 6,6%, Cruz Blanca 4,3% y Vida Tres 1,4%.
“Lo anterior obedece a la aplicación de un método de cálculo anómalo por parte de la autoridad, que dificulta la correcta operación del sistema”, cuestionó la Asociación de Isapres. Si bien desde ahora las isapres tienen la facultad de determinar finalmente cuál será el porcentaje que establecerán para la adecuación de sus planes base respectivos -dentro del rango de 7,6%- la variación de costos calculada por la Superintendencia será el parámetro con el cual cada una podrá justificar las alzas ante los eventuales recursos que interpongan los afiliados, ya sea por la vía administrativa ante el propio regulador o ante los tribunales de justicia.
"Hoy la situación es más crítica"
El gremio recordó que el proceso de adecuación en curso “se enmarca en un complejo momento financiero y operacional del sector, marcado por la judicialización, falta de certezas normativas y la incorporación de imprevistas y sucesivas exigencias al funcionamiento, que han gatillado las abultadas pérdidas de los últimos 18 meses”.
En este marco, el gremio enfatizó que “la falta de claridad sobre las normas y los recurrentes cambios de criterio desde la autoridad, están llevado a las isapres a un impensado límite de inoperatividad”, lo cual, en definitiva “mantiene en riesgo a tres millones de beneficiarios que han escogido el sistema de aseguramiento privado, y que ya están padeciendo consecuencias, como la suspensión de convenios en los prestadores privados”.
Con este resultado del trabajo de la Superintendencia y el difícil escenario financiero que afecta a la industria, el gremio sostuvo que “hoy la situación de las isapres es más crítica que al inicio de la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, instancia donde, pese a las buenas intenciones declaradas, no se han generado aún acciones concretas que den certezas en el corto plazo”.
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