Por Jimena Catrón Silo
Hace ya algunas semanas que los equipos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se han hecho presentes en varios bancos del país. ¿La razón? recabar información respecto de las operaciones financieras que realizaron los ex ejecutivos de La Polar, Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, y que podrían haber dado señales de que se estuviera realizando lavado de dinero.
Para ello, se estarían enfocando principalmente en aquellas transacciones que realizaron después del hecho esencial del 9 de junio pasado enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, en el que se destapó el escándalo de las repactaciones unilaterales y maquillaje de los estados financieros del retailer.
Las investigaciones, que se han realizado en estricta reserva, incluyen los cambios en los balances de cuentas corrientes y otros productos que tenían los tres imputados que se encuentran en prisión preventiva.
Una vez que termine la investigación, y en caso de que se encontrasen indicios de que efectivamente se estaba haciendo lavado de activos, la UAF podría sancionar administrativamente (con multas de hasta 5.000 UF) a las instituciones que puedan haber incumplido la ley antilavado. Después, los antecedentes recabados serán entregados al Ministerio Público.
Cabe recordar que la Fiscalía Centro Norte sostiene que producto del delito de lavado de activos, los tres ex ejecutivos recibieron más de $7.900 millones entre 2006 y 2011, por actos de ocultamiento, que beneficiaron su patrimonio. A pesar de que en la audiencia de formalización de diciembre de 2011, la jueza María Verónica Orozco desestimó formalizarlos por este ilícito, la fiscalía insistirá en ello una vez que comience la etapa de juicio oral.
Delitos base
Los bancos forman parte del largo listado de sujetos obligados a informar cualquier operación sospechosa sobre 450 UF, esto es, poco menos de $10 millones, que pueda constituir lavado de activos, el que se define como el intento de ocultar o disimular la naturaleza, ubicación, origen, propiedad o control de dinero u otros bienes obtenidos en forma ilegal.
Entre las acciones que pueden configurar este delito, y por las que la UAF está investigando los movimientos que realizaron Alcalde, Farah y Moreno a través de las instituciones financieras, se cuentan principalmente infracciones a la Ley de Mercado de Valores, y la Ley General de Bancos. Respecto de la primera, están la entrega de información falsa, uso de información privilegiada y ocultamiento de información. En relación al cuerpo legal que rige a estas entidades financieras están los delitos de entrega de información falsa y omitir o alterar información financiera. Todos delitos por lo que ya han sido formalizados los ex ejecutivos.
Según conocedores de la investigación, la UAF no recibió ningún reporte relacionado a posibles operaciones sospechosas realizadas por Alcalde, Farah y Moreno, una vez conocido el hecho esencial del 9 de junio. Al ser consultada formalmente, desde la UAF respondieron que por el artículo 13 de la ley 19.913 están impedidos para referirse sobre cualquier eventual investigación que estén llevando a cabo.
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