Por Michael Stott
Las draconianas sanciones petroleras impuestas por EEUU a Venezuela entraron en vigor la semana pasada, después de que Washington se negó a prorrogar la licencia de Chevron para operar en el país. Las duras medidas contra el único gran operador petrolero extranjero en el país latinoamericano se asemejan a la campaña de "máxima presión" emprendida por la primera administración Trump para intentar forzar la salida del autoritario Presidente Nicolás Maduro.
Ese esfuerzo contribuyó a hundir la economía venezolana, pero no logró cambiar el régimen. Maduro reforzó su control hasta que la administración Biden relajó las restricciones en 2022 para intentar convencerlo de que celebrara elecciones libres, una táctica que fracasó cuando se robó las elecciones presidenciales del año pasado.
Con Maduro ya en su decimotercer año en el poder y un historial de fracasos de la política estadounidense hacia Venezuela, los inversionistas se preguntan qué sucederá esta vez.
Los precios de la deuda pública venezolana se han mantenido prácticamente estables desde que el Presidente Donald Trump anunció en febrero que volvería a imponer las sanciones. El bono de referencia 2027 cotizaba esta semana a 18 centavos por dólar, por encima de los 16 centavos que alcanzó a principios de año y muy por encima de los mínimos de entre 6 y 10 centavos en los que languideció bajo las sanciones de máxima presión.
"Los bonos han mantenido la mayor parte de las ganancias que habían obtenido desde que se relajaron las sanciones bajo el mandato de Biden", señaló un tenedor de bonos. "Existe la expectativa de que va a haber algún tipo de resolución".
Esa resolución podría suceder de dos maneras. La asediada oposición venezolana espera que signifique la caída de Maduro. Pero algunos inversionistas apuestan en cambio por un eventual acuerdo entre la administración Trump y Caracas.
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En al menos dos ocasiones este año, el enviado especial del presidente estadounidense, Richard Grenell, se ha reunido con altos funcionarios venezolanos para negociar la liberación de rehenes estadounidenses como parte de un acuerdo más amplio, pero sus negociaciones se vieron bloqueadas en otras esferas de la administración. La semana pasada, Grenell regresó de conversaciones en Antigua con un rehén liberado y predijo que Chevron conseguiría una prórroga de su licencia. Al día siguiente, Marco Rubio, secretario de Estado y uno de los principales partidarios de mantener la línea dura hacia Venezuela, lo contradijo. No habría prórroga y la "licencia petrolera pro-Maduro de Biden" de Chevron expiraría como estaba previsto el 27 de mayo.
"Esto se ha convertido en una batalla personal entre dos altos funcionarios estadounidenses y las consideraciones para el país son secundarias a ese tira y afloja", dijo otro inversionista de bonos.
La oposición venezolana insiste en que el Gobierno de Trump está decidido a derrocar a Maduro. Dicen que las acciones de Trump este año han sido coherentes con ese objetivo y que Rubio tiene ahora un poder extra en su doble papel de secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. "La gente subestima totalmente cuán asustados están Maduro y su gobierno", dijo uno. "EEUU no se deja influir por Grenell".
Otros no están tan seguros. "Grenell es la persona que mejor refleja los objetivos EEUU Primero del propio Trump", dijo un exfuncionario de la administración Trump. Trump, señala, se sintió decepcionado por el fracaso de la oposición venezolana en derrocar a Maduro durante su primer mandato y no cometerá el mismo error dos veces. Una persona del sector petrolero familiarizada con Venezuela coincide: "Creo que la intención del presidente es lidiar con Venezuela. Eso no significa que el secretario de Estado no vaya a llevar su propia agenda o que esto sea un hecho consumado. Será un proceso pragmático".
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Líderes de Chevron y otros ejecutivos de la industria petrolera con intereses en Venezuela sostienen que expulsar a las compañías occidentales simplemente deja más espacio para que Rusia y China, aliados clave de Maduro, amplíen sus intereses. La oposición venezolana rechaza este argumento e insiste en que la única forma de abrir el sector petrolero a la inversión extranjera estable es restablecer la democracia.
Mientras tanto, Maduro se ha acercado más a sus aliados extranjeros. Recientemente firmó una asociación estratégica con Rusia y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, viajó a Beijing en abril para negociar acuerdos petroleros. Su gobierno socialista está sometido ahora a nuevas presiones. Chevron producía al menos una cuarta parte del petróleo de Venezuela antes de que expirara su licencia, generando una fuente vital de divisas.
Los economistas locales esperaban un crecimiento modesto este año. Ahora esperan una recesión y un aumento de la inflación, lo que podría desencadenar una nueva oleada de refugiados, además de los casi 8 millones que ya han huido. "No tengo ni idea de lo que va a pasar después", dijo el segundo tenedor de bonos, que se quejó de que EEUU no estaba pensando bien su estrategia. "Con Biden, había parálisis por análisis. Con la gente de Trump no hay análisis".
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