Por Ciara Nugent
Uspallata
Los soleados viñedos de Mendoza producen el 80% del vino argentino, atrayendo a turistas sedientos y abasteciendo las bodegas del mundo con Malbec. Pero la región se prepara para explotar un commodity rojo aún más valioso que se encuentra bajo tierra.
Si bien la provincia contiene una parte de los Andes ricos en cobre que han convertido al vecino Chile en el mayor productor mundial de ese metal, Mendoza, propensa a las sequías, ha bloqueado durante mucho tiempo la minería de metales debido a preocupaciones ambientales de las bodegas y las comunidades.
Las condiciones económicas están impulsando un replanteamiento. Argentina se encuentra en medio de una fiebre del cobre a nivel nacional, mientras el Presidente libertario Javier Milei busca más dólares de exportación para estabilizar su volátil economía y busca recuperar la inversión mediante reformas de libre mercado.
La industria vitivinícola de Mendoza está sufriendo una caída mundial en las ventas de alcohol, y los inversionistas están abandonando los antiguos yacimientos petrolíferos de la provincia en favor de un auge del esquisto en otras partes de Argentina.
Mientras tanto, la demanda de cobre, un componente clave del cableado eléctrico y de las turbinas eólicas, está aumentando.
“Los dos motores de esta provincia están en decadencia y necesitamos sumar otros más potentes”, afirmó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien lanzó una campaña para ganar apoyo político para la minería, atraer inversionistas y ampliar la infraestructura.
“Queremos avanzar lo más rápido posible, porque la transición energética nos brinda una clara ventana de oportunidad”, añadió.
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Durante dos décadas, los inversionistas han considerado la minería de cobre como demasiado arriesgada en Argentina, dada la grave volatilidad económica y política del país. Pero esto está cambiando a medida que Milei estabiliza la economía y ofrece incentivos para la inversión, mientras que los líderes de las provincias ricas en minerales están abandonando su oposición a la minería.
Si bien el país casi no produce cobre actualmente, seis proyectos avanzados en trámite podrían catapultar a Argentina cómodamente a los 10 principales productores para 2031, afirma su cámara minera.
Mendoza aspira a superar a la competencia. PSJ Cobre Mendocino, propiedad conjunta de la suiza Zonda Metals y el argentino Grupo Alberdi, podría iniciar su producción en las faldas de los Andes en 2028.
Si el proyecto supera los obstáculos de permisos y es aprobado en la legislatura de Mendoza, se utilizarán explosivos para hacer estallar una colina de 70 metros y crear una mina a cielo abierto.
Un proyecto relativamente pequeño, con una producción anual de 40.000 toneladas de cobre, PSJ requiere US$ 560 millones ny solo dos años de construcción, lo que lo hace menos arriesgado que las grandes minas que esperan aprobación en otras provincias. Entre ellas, se incluye un gigante de US$ 3.000 millones, copropiedad del gigante angloaustraliano BHP y la minera canadiense Lundin en la cercana San Juan.
“PSJ podría muy bien ser el primero en entrar en producción”, dijo Carlos Saravia Frías, abogado minero argentino no afiliado a PSJ. “Que eso ocurriera precisamente en Mendoza sería un mensaje extraordinario para los inversionistas: Argentina apoya la minería”.
Mendoza, que antes de ser irrigada por el hombre era un desierto, detuvo la mayor parte de la exploración minera durante una ola de activismo antiminero en la década de 2000, impulsada por la preocupación por el uso y la contaminación del agua. La provincia aprobó en 2007 una de las leyes mineras más estrictas del país, prohibiendo algunos productos químicos y exigiendo la aprobación legislativa de los proyectos.
El parlamento provincial rechazó por unanimidad un proyecto anterior en el sitio de PSJ en 2011 tras las protestas en la cercana localidad de Uspallata. Un intento de derogar la ley minera en 2019 fue abandonado tras decenas de miles de personas manifestándose en la ciudad de Mendoza.
Pero, desde entonces, se ha formado un consenso pro minería en Argentina, que está cada vez más desesperada por inversión extranjera justo cuando la transición energética ha entregado puntos de discusión verdes a las mineras de cobre.
El año pasado, Cornejo, quien pertenece al partido centrista UCR y no niega sus ambiciones políticas nacionales, aprobó una ley para crear una zona minera especial con el respaldo de la oposición peronista de izquierda. Simultáneamente, aprobaron 34 licitaciones de exploración.
Cornejo se ha comprometido a construir o mejorar 470 km de carreteras en tres años para llegar a lugares remotos y ha promocionado la provincia en congresos internacionales de minería. "Mendoza ha estado en la lista negra de la industria, y ahora le están prestando atención", afirmó.
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Una encuesta realizada en marzo por la encuestadora DC Consultores encontró que el 36,2% de los residentes de Mendoza dice que la minería debería impulsar el crecimiento futuro de la provincia, en comparación con el 22,5% para el vino, el 21,1% de la tecnología y el 20,2% del turismo.
Los productores de vino se opusieron durante mucho tiempo a la minería por temor a la competencia por el agua y la mano de obra, pero cambiaron de opinión después de que Cornejo prometiera un control estricto y creara una fuerza policial minera de 50 personas.
“Si las minas están bien monitoreadas… no tenemos problemas con eso”, dijo Walter Bressia, propietario de viñedos en Mendoza y director de la Cámara de Vinos de Argentina.
Sin embargo, la lucha por el uso del agua no ha terminado. Dos grupos activistas de Uspallata protestan regularmente contra el plan del proyecto PSJ de extraer 141 litros de agua por segundo de un arroyo en el predio de la empresa.
PSJ dijo que planeaba utilizar menos agua que lo propuesto en un proyecto anterior y que había agregado medidas de seguridad para evitar que se escapara agua contaminada.
El proyecto está diseñado para no afectar la fuente de agua, ni en calidad ni en cantidad, afirmó Fabián Gregorio, presidente de PSJ. La empresa mantiene conversaciones avanzadas sobre contratos de venta de cobre con empresas europeas con estándares ambientales muy altos, añadió.
Pero Ana Brennan, profesora de política y activista en Uspallata, dijo que no confiaba en tales promesas, señalando el daño ambiental causado por la minería en toda Sudamérica.
Si se aprueba el proyecto de PSJ, “volveremos a ver protestas masivas en toda Mendoza para enviarle el mensaje a las mineras de que no tienen licencia social”, afirmó.
Miguel Pelaytay, director de la radio del pueblo, afirmó que la mayoría de los habitantes de Uspallata están indecisos sobre la mina, a pesar de las minorías que se manifiestan a favor y en contra. "La gente quiere más información y tiene esperanzas de conseguir trabajo", lo que, según él, podría permitirles dejar el trabajo estacional en el turismo.
La aparente transición hacia una licencia social para la minería en Argentina es una “gran oportunidad de desarrollo”, dijo Celso Jaque, ex gobernador peronista de Mendoza.
Pero debemos recordar que una licencia no es permanente. Si te portas mal, te pueden retirar la licencia.
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