El magistrado Teori Zavascki recomendó hoy al pleno de la Corte Suprema de Brasil aceptar la denuncia sobre la presunta implicación del presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, por la corrupción en la estatal Petrobras.
"Hay indicios robustos" para aceptar la denuncia, dijo Zavascki, instructor en el caso, ante los otros diez miembros del tribunal en la primera de dos sesiones en las que el tribunal decidirá si abre un proceso penal contra el presidente de la Cámara baja.
De acuerdo a la acusación formulada por la Procuraduría General de la República, Cunha recibió unos cinco millones de dólares de la vasta red de corrupción que operó en la petrolera, gracias a su intermediación en contratos amañados para la adquisición de dos buques sonda por parte de la empresa estatal.
Aunque la votación de los otros diez magistrados de la corte será completada en una sesión prevista para mañana, seis de los jueces ya adelantaron su predisposición a pronunciarse en favor de que Cunha sea enjuiciado y seguir la línea propuesta por el instructor.
Pese a esa mayoría ya formada, hasta tanto el resultado de la votación no sea proclamado en forma oficial cualquiera de los magistrados puede alterar su voto, de modo que la decisión aún no se considera definitiva.
Cunha pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, pero el año pasado anunció su decisión personal de pasar a la oposición y se declaró "adversario" de la presidenta Dilma Rousseff.
Por las mismas acusaciones que enfrenta en el Tribunal Supremo, Cunha también está sometido a un proceso en el Consejo de Ética de la Cámara baja, que puede despojarlo del cargo de presidente de ese órgano legislativo o incluso de su mandato.
El Consejo de Ética decidió en la madrugada de hoy continuar ese proceso, que había sido objetado por la defensa de Cunha.
Pese a las alegaciones de Cunha, el Consejo decidió por la continuidad del juicio por ajustados 11 votos contra 10 y sobre la base de las supuestas pruebas en su contra, que fueron calificadas de "contundentes" por el diputado Marcos Rogerio, instructor del caso.
Rogerio también consideró que Cunha, al comparecer ante una comisión del Congreso el año pasado, negó tener cuentas cifradas en bancos suizos en las que habría ocultado el dinero de la corrupción.
Sin embargo, las cuentas fueron confirmada por la justicia del país helvético, que remitió a Brasil unos documentos que prueban su existencia.
Según Rogerio, Cunha le "mintió" al Congreso, algo que, según el reglamento interno de la Cámara de Diputados, puede llevar hasta a la pérdida del escaño de un parlamentario.
El proceso contra Cunha comenzó en el Consejo de Ética el pasado octubre, pero desde entonces el presidente de la Cámara Baja se ha valido de diversas maniobras para postergarlo una y otra vez.
En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó a fines del año pasado iniciar los trámites para un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, solicitado por la oposición por unas irregularidades en las que el Gobierno habría incurrido para maquillar sus balances fiscales de 2014 y 2015.
Ese juicio político llegó a comenzar, pero fue interrumpido por la Corte Suprema debido a algunos "errores de procedimiento".
Tras esa decisión, la Cámara de Diputados pidió al tribunal que aclare algunos aspectos de esa decisión, pero la corte aún no se ha pronunciado, lo cual todavía mantiene paralizado el proceso contra Rousseff.
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