Fue una ceremonia cargada de simbolismos. Carles Puigdemont, tomó posesión como el presidente 130 de la Generalitat de Cataluña y no prometió fidelidad ni al rey de España ni a la constitución.
El nuevo “president” tiene un mandato claro: conducir a Cataluña hacia la independencia de España dentro de un plazo de 18 meses.
Hasta el lunes pasado, Puigdemont oficiaba como alcalde de Gerona y su arribo a la presidencia se produce luego de la renuncia de Artur Mas para destrabar las negociaciones entre las dos formaciones políticas independentistas que ganaron las elecciones regionales el pasado 27 de septiembre para continuar con el camino soberanista.
Si bien Puigdemont no nombró explícitamente la palabra “independencia” durante su discurso, la demanda de secesión cruzó toda su intervención y, además, criticó al Estado español señalando que “humilla, ahoga financieramente, desatiende y menosprecia” a las instituciones catalanas.
El presidente de la Generalitat prometió que el Ejecutivo catalán garantizará el sustento jurídico de todas y cada una de las decisiones que tomará y además dijo que trabajará para ampliar la “mayoría” de ciudadanos que apoyan la secesión. “Nos tenemos que explicar más, mejor, y tenemos que implicar a más gente”, sostuvo.
Ahora Puigdemont, según la hoja de ruta pactada, cuenta con un mes para comenzar a tramitar las leyes destinadas a crear un ministerio de Hacienda y una agencia de seguridad social catalanas.
“La agencia de seguridad social está poco desarrollada, pero la agencia tributaria está más avanzada. Tenemos mucho trabajo hecho y se está contratando personal”, dijo una portavoz del departamento de Economía catalán.
En tanto, en Madrid el gobierno de Mariano Rajoy, que ya consiguió anular a través del Tribunal Constitucional la resolución parlamentaria que declaró el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente-, advirtió que no consentirá ningún acto ilegal.
De acuerdo a lo publicado por el diario digital español El Confidencial, el gobierno de España ya está tomando medidas, como blindar los datos de los 1,6 millones de pensionistas catalanes que podrían interesar al gobierno regional para su proyecto de seguridad social independiente.
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