Unos 300.000 de niños trabajan en condiciones
inhumanas en los campos de algodón en la India, pese a
la ley india que prohíbe trabajar a los
menores de 14 años, según denunció la Comisión Nacional
para la Protección
de Derechos del Niño.
Los niños, procedentes sobre todo de las zonas tribales del estado occidental
de Rajasthán, son víctimas del tráfico humano ilegal con destino al vecino
Gujarat, el mayor productor indio de algodón, y a los meridionales de Andhra,
Karnataka y Tamil Nadu.
"El asunto es muy serio y necesita especial atención ya que la tendencia
sigue aumentando", dijo la directora de la Comisión Nacional
para la Protección
de los Derechos de los Niños (NCPCR), Shanta Sinha, citada por la agencia india de noticias IANS.
La organización ha convocado una reunión de urgencia de los secretarios de las regiones
involucradas para tomar medidas efectivas.
"Hemos descubierto que las empresas -nacionales y multinacionales- pagan
una comisión a los agentes locales de las comunidades tribales de Rajasthán
para emplear a niños como mano de obra barata", denunció Sinha.
"Están sometidos a violencia y un trabajo duro, durante horas bajo el
calor y el polvo. Se quejan de dolores de cabeza, mareos y depresión",
añadió.
Tras la reunión de los secretarios, la Comisión planea iniciar una campaña intensiva
para erradicar este problema e impedir la práctica del tráfico y explotación de
menores.
También se propone construir albergues para niños rescatados y darles acceso a
la educación.
La Ley contra el Trabajo Infantil, de 1986, contiene lagunas que en la práctica
hacen posible que muchos pequeños se vean arrastrados al mundo laboral, según
la socióloga Neera Burra.
"Los padres reciben algo de dinero y la promesa de que sus hijos tendrán
una vida mejor, lo cual no es jamás el caso. Estos agentes escapan, montan a
los niños en un camión y se los llevan en plena oscuridad", detalló Burra
a IANS.
Según el último censo oficial, del 2001, en la India hay unos
12,7 millones de niños trabajadores con edades comprendidas entre los cinco y
los catorce años, aunque los activistas de derechos humanos elevan la cantidad
a 60 millones.
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