El jefe del Ejército colombiano, general
Mario Montoya, renunció hoy al cargo en medio de un escándalo por
las ejecuciones extrajudiciales cometidas, al parecer, por miembros
de su institución.
El alto oficial tomó la decisión cinco días después de que el
presidente colombiano, Álvaro Uribe, anunciara la retirada de sus
cargos de 27 oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos tres
generales, a raíz de una investigación por la desaparición y muerte
de una veintena de jóvenes.
Estos jóvenes había desaparecido en enero pasado en Soacha, a las
afueras de Bogotá, y aparecieron después como "muertos en combate"
en una región rural del departamento de Norte de Santander, a unos
800 kilómetros al noreste de la capital colombiana.
En medio de este escándalo, Montoya leyó hoy ante la prensa una
carta de petición de retiro enviada al presidente Uribe.
En su misiva, el comandante del Ejército alude a "recientes
hechos en los que miembros de la institución se han visto
comprometidos y que apenas están en etapa de investigación".
Montoya pidió "no condenarlos sin antes haberles concedido el
derecho a defenderse", al considerar que ello "es un principio
elemental de la justicia, que debe cobijar por igual tanto a
militares como a civiles".
Asimismo aseguró que "la política de seguridad democrática", eje
central de la política de Uribe en la lucha contra las guerrillas,
el narcotráfico y la violencia, "definitivamente cambió la vida de
los colombianos".
A raíz de esa política, que -según Montoya- "se constituyó en la
guía y misión para el Ejército", se han dado duros golpes a las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se logró además
una importante desmovilización de paramilitares en los últimos años.
En Colombia se han presentado varios casos de lo que en el país
se conoce como "falsos positivos", supuestos golpes a la guerrilla,
detenciones y eliminación de subversivos, pero que en realidad son
civiles que las autoridades presentan como "muertos en combate".
Este fue el caso de los jóvenes de Soacha, quienes fueron
reclutados supuestamente por el Ejército para después ser
presentados como guerrilleros muertos en operaciones militares,
escándalo que sacó a la luz la prensa y que ha puesto en aprietos al
Gobierno de Uribe.
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