El pasado estatista del presidente electo de Perú, Ollanta Humala, tiene nerviosos a los inversionistas. Sin embargo, más allá de sus discursos encendidos y planes de reforma, el futuro de su gobierno se jugaría mayoritariamente en el tema de las concesiones mineras.
Las revueltas sociales en las regiones más pobres no están exigiendo una mejor distribución de los ingresos, sino que de plano en algunos sectores como Puno, la población demanda que se anulen las concesiones mineras.
El futuro mandatario, que llegó al poder sobre una base de reivindicaciones sociales, ha salido en las últimas semanas a moderar su discurso, para evitar que el temor de los inversionistas siga golpeando a los mercados, pero al mismo tiempo esto le traerá dificultades para cumplir las enormes expectativas que generó en sus partidarios más radicales.
En este escenario, el impuesto a las sobreganancias mineras que impulsa Humala podría ser el menor de los problemas que enfrenten los empresarios del sector en Perú.
La nueva administración ya consiguió el apoyo de los parlamentarios de Perú Posible, del ex candidato Alejandro Toledo, para impulsar el proyecto de impuesto a las sobreganancias. Esta bancada ofreció además una lista de profesionales para el desarrollo de las propuestas técnicas del gobierno.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pedro Martínez, llamó a las autoridades no a sacar de la agenda este tema, sino que a tratarlo de forma técnica, advirtiendo que la carga a la renta minera en Perú es superior a la que se aplica en Chile, Canadá y Australia.
Conflictos sociales
En mayo hubo 227 conflictos sociales en Perú, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo. De ellos, un 51,5% corresponden a disputas de carácter socioambiental, categoría que agrupa a las protestas contra las mineras.
Una de las regiones más conflictivas es Puno, una de las zonas más pobres de Perú, y una de las más activas en proyectos mineros. Uno de los proyectos más cuestionados es el de Santa Ana, de la empresa canadiense Bear Creek.
El conflicto se extiende desde marzo, cuando el Consejo Regional de Puno emitió una ordenanza donde suspendió la otorgación de concesiones mineras, aun cuando esto compete sólo al Ministerio de Energía y Minas. La tregua que se implementó durante las elecciones presidenciales se quebró tres días después de que Humala fuera electo, y hoy los pobladores bloquean las carreteras hacia Bolivia y Brasil.
Según datos del periódico Gestión, en Puno operan cuatro mineras en fase de producción: Arasi (oro), Minsur (estaño), El Cofre (polimetálico: plomo, plata y zinc) y Cemento Sur (cemento). Además, hay 20 proyectos en cartera.
De acuerdo con el director de promoción minera del ministerio, Henry Luna, Puno recibió 264,7 millones de soles por la explotación de sólo un 1,08% de su territorio el año pasado. Pero, criticó Luna, las autoridades no han invertido en las zonas colindantes a los centros mineros, por lo que la población no percibe la importancia de esta actividad y no comprende que es compatible con la agricultura.
Se espera que este departamento reciba inversiones mineras por
US$ 500 millones, como parte de las inversiones por US$ 41.500 millones anunciadas para los próximos años a nivel nacional.
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