Joe Biden se enfrenta a una creciente presión de las empresas estadounidenses para evitar aumentos de impuestos para financiar las inversiones en infraestructura multimillonarias que el presidente de Estados Unidos ha prometido en los próximos meses.
El enfrentamiento entre la Casa Blanca y las compañías se perfila como un nuevo obstáculo político para la agenda económica de Biden, incluso a medida que se acerca a lograr la aprobación del Congreso para un plan de estímulo fiscal inmediato de US$ 1,9 billones, probablemente a mediados de marzo.
La administración de Biden y los grupos empresariales están de acuerdo en gran medida en la necesidad de financiación gubernamental adicional a gran escala para modernizar la infraestructura de EEUU, financiar la investigación y el desarrollo, y promover la energía verde.
Pero los grupos de presión más influyentes que representan a las empresas estadounidenses en Washington están advirtiendo al presidente que no aumente sus impuestos para pagar las medidas. Argumentan que incluir los aumentos de impuestos en un proyecto de ley a finales de este año sería económicamente perjudicial y podría torpedear la legislación.
"Puedo simplemente decir que, desde la perspectiva de la comunidad empresarial, aumentar la tasa del impuesto corporativo hará que las empresas estadounidenses sean menos competitivas en el mismo momento en que necesitamos una recuperación económica amplia", comentó Neil Bradley, director de políticas de la Cámara de Estados Unidos de Comercio, a Financial Times.
"Y hará que aprobar un proyecto de ley probablemente sea casi imposible", agregó.
La Mesa Redonda de Negocios, cuyos miembros incluyen a las empresas de primera línea más grandes, también se opone a un aumento en los impuestos corporativos para financiar el gasto en infraestructura.
Durante la campaña de 2020, Biden pidió un aumento en el impuesto sobre la renta de las sociedades de EEUU de 21% a 28%, revirtiendo parcialmente los recortes fiscales promulgados por su predecesor Donald Trump en 2017, como una cuestión de prudencia presupuestaria y equidad fiscal.
La Casa Blanca no ha dado detalles de su próxima propuesta económica centrada en infraestructura, transporte y energía limpia, pero se están llevando a cabo discusiones internas y el presidente se ha reunido públicamente con líderes empresariales y sindicales mientras desarrolla el plan.
Los analistas esperan que las propuestas de la administración cuesten potencialmente entre US$ 2 billones y US$ 4 billones, dependiendo de los detalles. La Casa Blanca no ha confirmado ningún precio.
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El plan de Biden
El gasto a más largo plazo se sumaría al paquete de estímulo temporal que ya está en marcha. La Cámara de Representantes está preparada para avanzar esta semana con un proyecto de ley que contiene US$ 1,9 billones de ayuda pandémica, incluso para individuos y gobiernos estatales y locales.
“El presidente ha hablado durante mucho tiempo de lo importante que es que, cuando recurramos a los planes para nuestra recuperación económica, invirtamos en Estados Unidos, creemos millones de empleos adicionales bien pagados, combatamos la crisis climática, fomentemos la equidad racial y reconstruyamos mejor que antes”, señaló un vocero de la Casa Blanca a FT.
"Para las pólizas permanentes que incurren en costos continuos, el presidente se compromete a pagarlas pidiendo a los estadounidenses más ricos y las corporaciones que paguen su parte justa", agregó.
Además de los impuestos corporativos más altos, Biden ha propuesto aumentar los impuestos sobre las ganancias de capital para las personas que ganan más de US$ 1 millón e impuestos sobre la nómina más altos para los hogares de altos ingresos.
El debate sobre la necesidad de cubrir los gastos de las inversiones gubernamentales a largo plazo marcará una prueba más de la política cambiante en torno a la deuda y el déficit en Washington. Tanto los republicanos como los demócratas se han preocupado menos de la necesidad de prudencia fiscal en los últimos años.
Si la administración se apartara de los impuestos más altos para obtener el apoyo de los republicanos y aprobar la segunda fase de su agenda económica, sería decepcionante para muchos demócratas, pero es posible que no arruine el plan.
“(Los funcionarios de Biden) están comprometidos con una estructura tributaria progresiva, la pregunta es cuándo hacerlo. En este momento, la primera prioridad es el alivio”, destacó el legislador demócrata de California, Ro Khanna, a Financial Times.
“Creo que la gente reconoce que en un entorno de baja tasa de interés y baja inflación, sacar dinero a la gente sí es importante", agregó.
Los grupos empresariales están sugiriendo que en lugar de financiar una serie de nuevos gastos en infraestructura aumentando la tasa del impuesto corporativo, se podrían explorar otras fuentes de ingresos.
Estos podrían incluir aumentar el impuesto federal a la gasolina, que se ha estancado en 18,4 centavos por galón desde principios de la década de 1990 sin indexación por inflación. Sin embargo, eso plantearía sus propios desafíos políticos, ya que afectaría a los Estados rurales de manera particularmente dura y afectaría de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos que conducen mucho, haciéndolo regresivo y posiblemente violando la promesa de Biden de no aumentar los impuestos a los hogares que ganan menos de US$ 400 mil por año.
“Podemos pensar, bueno, con fines de estímulo, no queremos pagar por todo, solo queremos inyectar algo de dinero en la economía. Esa no es una posición irrazonable a corto plazo para salir de una recesión como lo estamos ahora, pero no sería una forma de prepararnos para el éxito a largo plazo”, aseguró Matt Sonnesyn, vicepresidente de infraestructura de Business Roundtable, energía y medio ambiente, durante un panel la semana pasada.
“Sería una lástima realmente terrible si el Congreso no aborda los problemas de financiamiento a largo plazo y de financiamiento para la infraestructura de nuestra nación cuando hace este paquete”, agregó.
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