Washington / Londres
Donald Trump ha ordenado al Departamento de Justicia detener la aplicación de una Ley anticorrupción de Estados Unidos, que impide a sus ciudadanos sobornar a funcionarios gubernamentales extranjeros para obtener contratos comerciales.
“Esto va a significar mucho más negocios para Estados Unidos”, declaró el Presidente en la Oficina Oval tras firmar este lunes una orden ejecutiva que instruye a la fiscal general, Pam Bondi, pausar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), vigente desde 1977.
“Suena bien en el papel, pero en la práctica es un desastre”, afirmó Trump sobre la FCPA. “Significa que si un estadounidense viaja a otro país y comienza a hacer negocios allí de manera legal, legítima o de cualquier otra forma, casi garantiza una investigación e imputación. Nadie quiere hacer negocios con estadounidenses por eso”.
“La mayoría de las empresas estadounidenses valoran el hecho de que la FCPA les permite rechazar sobornos, porque muchas ven la corrupción como un costo improductivo”, dijo un excoordinador anticorrupción del Departamento de Estado.
Un funcionario de la Casa Blanca justificó la decisión afirmando que “la seguridad nacional del país depende de que Estados Unidos y sus empresas obtengan ventajas comerciales estratégicas en el mundo”.
“El Presidente Trump está deteniendo la aplicación excesiva e impredecible de la FCPA, que hace que las empresas estadounidenses sean menos competitivas”, agregó el funcionario.
La orden ejecutiva representa una de las más audaces políticas de aplicación de la Ley en la administración Trump, y podría debilitar una herramienta clave para sancionar irregularidades tanto corporativas como individuales.
La reciente trayectoria de la normativa
La FCPA ha sido la base de algunos de los casos más destacados del Departamento de Justicia de EEUU, incluyendo un acuerdo alcanzado el año pasado con Trafigura por sobornos pagados en Brasil para mantener contratos con Petrobras. En 2022, un exsocio senior de McKinsey se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA en un escándalo de corrupción vinculado al gobierno del expresidente sudafricano Jacob Zuma.
El pasado octubre, el contratista de defensa RTX aceptó pagar más de US$ 950 millones tras acusaciones de haber sobornado a un funcionario catarí para facilitar ventas de armas y defraudar al Pentágono en la adquisición de sistemas de misiles Patriot.
Evaluaciones de la medida
La decisión de Trump ha generado críticas de expertos anticorrupción, quienes advierten que podría perjudicar a las empresas estadounidenses en el exterior.
“La mayoría de las empresas estadounidenses valoran el hecho de que la FCPA les permite rechazar sobornos, porque muchas ven la corrupción como un costo improductivo”, escribió en X Richard Nephew, excoordinador anticorrupción del Departamento de Estado.
Un funcionario de la Casa Blanca señaló que Bondi emitirá nuevas directrices sobre la aplicación de la Ley para “fomentar la competitividad estadounidense y el uso eficiente de los recursos federales de aplicación de la ley”, y que se revisarán las acciones previas y en curso relacionadas con la FCPA.
Según el funcionario, la “sobreaplicación” de la FCPA ha dañado a las empresas estadounidenses al impedirles participar en prácticas comunes entre sus competidores internacionales, lo que genera una desventaja competitiva.
La Casa Blanca defendió la medida alegando que la seguridad nacional de EEUU requiere ventajas estratégicas en sectores clave como minerales críticos y puertos de aguas profundas.
Las investigaciones y sanciones bajo la FCPA han implicado “un costo creciente para la economía del país”, agregó el funcionario, citando las 26 acciones de aplicación de la Ley presentadas el año pasado por el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).
El funcionario advirtió que la acumulación de casos drenaba recursos tanto de las empresas como de las agencias reguladoras, y que al cierre de 2024 había 31 compañías bajo investigación relacionada con la FCPA. Desde 2010, la SEC cuenta con una unidad especializada en la aplicación de la FCPA, calificándola como un “área de alta prioridad”.
El año pasado, la SEC acusó a un exejecutivo de Azure Power Global, una compañía de energías renovables, en un caso vinculado al empresario indio Gautam Adani, acusado de montar un esquema de sobornos. El Departamento de Justicia también presentó una acusación penal.
Azure afirmó que los empleados involucrados en el caso habían sido desvinculados hace más de un año, mientras que Adani Group calificó las acusaciones de “infundadas”.
Expertos legales advierten que la continuidad de estos casos podría depender de la administración de Trump.
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