La GSMA, la asociación organizadora del Mobile World Congress de Barcelona, ha decidido finalmente suspender la edición que estaba previsto que se celebrase del 24 al 27 de febrero de este año, debido a la alarma creciente por la epidemia del coronavirus chino y a la baja de muchas compañías.
Aunque inicialmente se había programado una reunión decisiva del consejo (board) formado por 25 representantes de operadoras de telecomunicaciones para el próximo viernes, finalmente la presión ante la sucesión de compañías que han ido anulando su presencia ha obligado a la GSMA a reaccionar y a adelantar a hoy la reunión.
El goteo de bajas se ha convertido en desbandada y a lo largo del día de hoy se han sumado pesos pesados de la industria europea como Nokia, Deutsche Telekom o Vodafone.
La presión de las compañías, que temían contraer un alto riesgo reputacional en el caso de que el certamen se celebrase y provocase algún contagio de la enfermedad, se contraponía con la insistencia del poder político, desde el Gobierno español, a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que han presionado a su vez con el mantenimiento del congreso que aporta una lluvia de millones a la Ciudad Condal, con casi 500 millones de euros de aportación económica por todos los conceptos -hoteles, restauración, ocio, transportes, etc- en la última edición celebrada en febrero de 2019.
El hecho de que la feria se celebre en Barcelona, hace que haya aún una mayor sensibilidad política con el tema -porque la ciudad sería la principal perjudicada- y que el interés del Gobierno Central en intentar evitar una anulación sea aún mayor, ya que depende de sus socios políticos de ERC para aprobar los presupuestos.
Probablemente el punto de inflexión de la crisis se produjo con la decisión del gigante sueco Ericsson, uno de los pesos pesados de la industria de telecomunicaciones, -el número dos de las redes tras Huawei- y uno de los principales expositores del certamen, con un stand de más de 6.000 metros cuadrados, que la semana pasada decidió darse de baja con el argumento de anteponer la seguridad de sus empleados y de sus clientes por encima del negocio.
Esa apelación a la prioridad de plantilla y clientes, un argumento que también había enarbolado anteriormente la coreana LG, situó al resto de compañías en un escenario muy complicado desde el punto de vista reputacional, ya que cualquier compañía que acuda puede ser acusada por una parte de la opinión pública de no preocuparse de sus empleados y clientes.
Ahora, el foco del conflicto se desplaza a las consecuencias económicas de la anulación y quienes son responsables y deben asumir los gastos. Según recoge el contrato de las empresas participantes con el Mobile World Congress, en su cláusula 16.4, el organizador puede cancelar el evento en cualquier momento y en tal caso deberá devolver las cantidades adelantadas por las compañías, que básicamente son el coste del suelo, que se paga con un año de antelación y que se sitúa alrededor de las mil libras por metro cuadrado, con un coste global de varios centenares de millones de euros. El coste de la construcción de los stands corre siempre por cuenta de las empresas y no es recuperable.
Existiría la posibilidad de que la GSMA no tuviera que devolver las cantidades adelantadas, situación que sólo se produciría en el caso de que la suspensión del MWC no fuese por iniciativa de la GSMA sino por causa de fuerza mayor. Sin embargo, esta hipótesis es improbable, ya que para que se produjese serían las autoridades españolas las que deberían imposibilitar el MWC aduciendo por ejemplo el riesgo sanitario. Pero esa decisión, que salvaría económicamente a la GSMA, iría absolutamente en contra de los mensajes que todos los estamentos del Gobierno Central, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona vienen manteniendo desde el inicio de la crisis.
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