Dirigentes de la recién creada Unión
Socialista de Trabajadores de la Construcción (USTC) de Venezuela
expresaron hoy su apoyo a la nacionalización de la industria del
cemento en el país y pidieron al gobierno que la extienda a otras áreas del
sector.
"No solamente se debe nacionalizar el sector cemento, sino
también el cabillero (varillas) y el del acero", dijo a los
periodistas el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores
de la Construcción, Manuel Muñoz, una de las instancias de la USTC.
Marco Tulio Díaz, presidente de la Federación Nacional de la
Construcción, otra de las organizaciones obreras de la USTC, también
expresó su apoyo a la medida anunciada el jueves por el presidente
del país, Hugo Chávez, quien aún no ha definido del todo el asunto.
Tal definición, principalmente de cuánto tiempo tomará el asunto,
estará a cargo del mismo Chávez y del vicepresidente del Ejecutivo,
Ramón Carrizales, anunció hoy el ministro de Industrias básicas y
Minería, Rodolfo Sanz.
La medida afectará principalmente a tres cementeras, todas
extranjeras: la suiza Holcim, la francesa Lafarge y la mexicana
Cemex, una de las tres mayores del mundo y que en Venezuela figura
como la mayor fabricante nacional de cemento, agregados (arena y
grava) y hormigón.
Cemex controla el 52 por ciento de la producción venezolana de
cemento, con tres plantas que producen 4,6 millones de toneladas al
año y emplean a más de 3.000 personas, según datos de la empresa.
La empresa agrega que sus ventas en Venezuela representaron
alrededor del tres por ciento de sus ingresos totales el año pasado.
La suiza Holcim cuenta en Venezuela con dos plantas que producen
en conjunto tres millones de toneladas de cemento por año (25 por
ciento del mercado nacional), en tanto que la francesa Lafarge,
número tres del país, reporta una producción de 1,6 millones de
toneladas (17 por ciento).
"Vamos a nacionalizar la industria del cemento. Ya basta, se
llevan el cemento (al exterior por lo que) vamos a recuperar eso,
vamos a hacer un avalúo y les pagamos lo que cueste" en
indemnizaciones, declaró Chávez en una alocución trasmitida en
cadena nacional obligatoria de radio y televisión.
El mandatario se ha quejado reiteradamente que sus planes de
construcción de viviendas para reducir el déficit de dos millones de
unidades se ven retrasados debido a la escasez de cemento, que
mayoritariamente se exporta, sostuvo.
Sanz reiteró la tesis oficial de que las principales productoras
de cemento en Venezuela "exportan una gran cantidad a todo el mundo
y, en algunos casos, desabastecen el mercado interno".
Justificó adicionalmente la medida con el argumento de que "la
mayoría de las empresas cementeras explotan minas de caliza que son
en su mayoría propiedad de la nación".
Además, destacó la existencia de un presunto "proceso de
cartelización de los precios" del cemento en el país, y acusó a las
empresas del sector de, supuestamente, "trabajar por debajo de su
capacidad".
Aunque se trate de una decisión soberana, el Gobierno de México
reprobó el anuncio y consideró que ello no respeta "la propiedad ni
los derechos" de Cemex y constituye "una acción inadecuada que no
respeta la propiedad ni los derechos de los mexicanos".
La portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, Pascale
Andréani, afirmó, por su parte, que París espera "tener precisiones
sobre lo dicho" por Chávez para emitir un pronunciamiento oficial".
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