En su investidura como presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, afirmó que se seguirá adelante con el proyecto de independencia. En respuesta, el presidente del gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, avisó el domingo de que el Estado funciona siempre y de que no le faltará firmeza para defender la Constitución, y acusó a Puigdemont de basar su discurso de investidura en la “ilegalidad ya constatada” por el Tribunal Constitucional sobre el proceso soberanista.
En la misma línea, el vicesecretario de comunicación del gobernante Partido Popular, Pablo Casado, afirmó ayer que la ley “está para cumplirse” y para “aplicarse sin atajos”.
El portavoz popular no descartó que se llegue a aplicar el artículo 155 de la Constitución española una vez que se ha constatado que el nuevo presidente de la Generalitat (el gobierno catalán) ha hecho suya la “hoja de ruta” independentista y va a seguir la “astracanada”.
El dirigente recordó que el Estado de Derecho no está en funciones y que el Senado, la cámara que tendría que activar el artículo 155 por el que se suspende la autonomía de la región, se constituye esta semana. “Al final habrá que ver qué precepto o qué ley se conculca o qué ilegalidad se comete para que sean los propios tribunales o el propio Ejecutivo el que inste la asunción de cualquier respuesta”, dijo Casado.
Riesgo para la banca
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, consideró ayer que una declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña afectaría a la banca, y advirtió de que “la Ley debe ser respetada por todos y en todas las circunstancias”.
“Debemos recordar los esfuerzos y sacrificios que la sociedad española tuvo que hacer para adoptarlo”, señaló Goirigolzarri.
En este sentido, destacó que el Estado de Derecho se basa en el respeto de la Ley e hizo hincapié en que ésta debe ser “respetada por todos y en todas las circunstancias”. “Esto es una premisa básica para la convivencia y no puede ser trasgredida”, afirmó.
Las principales entidades empresariales de Cataluña, por su parte, valoraron ayer el acuerdo para formar gobierno en la región, pero han pedido estabilidad, seguridad jurídica y el impulso de medidas de apoyo a la economía.
Asimismo, los principales sindicatos celebraron que se haya desencallado la investidura y emplazaron al nuevo Ejecutivo a que priorice la lucha contra el desempleo y la precariedad laboral.
Infanta Cristina y su marido comparecen ante tribunal por fraude fiscal
Ayer comenzó el juicio a la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin y otros 16 acusados por el caso Nóos. Se trata de la primera vez que se sienta en un banquillo a un miembro de la familia real española. Se juzgará el fraude a Hacienda y la presunta trama tejida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su ex socio Diego Torres, que percibieron unos 3,5 millones de euros de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones de euros del gobierno de las Islas Baleares y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid.
Ellos son los principales acusados, pero la presunta red artificial de los dos socios arrastra como responsables civiles a título lucrativo a la infanta Cristina y a Ana María Tejeiro, esposa de Torres, por haberse beneficiado y destinado los ingresos a gastos personales y familiares. El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach presentó ayer un informe de Hacienda como nueva prueba para avalar su tesis jurídica sobre la infanta Cristina y a Ana María Tejeiro por la cual una conducta que no fue considerada infracción administrativa tributaria tampoco puede ser delito. El fiscal defiende que cuando lo único que marca la diferencia entre la infracción administrativa y el delito fiscal es el importe de la cuota defraudada, (que debe superar los 120.000 euros para ser punible), "no es posible trasladar al proceso penal lo que no está previsto como infracción administrativa en las leyes tributarias".
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado ya pidieron que la causa fuera sobreseída para la infanta, aunque la consideran responsable civil a título lucrativo, por haberse beneficiado de 587.413 euros en el primer caso y de 168.571 euros según los representantes legales de Hacienda.
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