Para las 14.00 horas de mañana está agendada la sesión en que la 13ª sala criminal federal de Curitiba comenzará el procesamiento del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva por los cargos de corrupción y lavado de dinero a través de la petrolera estatal, Petrobras.
Ayer, el juez Sergio Moro negó una petición de la defensa del exmandatario, que pretendía grabar el interrogatorio y cambiar la forma en que se captan las imágenes de la audiencia, para registrar lo que ocurre en todo el recinto y no sólo la entrega del testimonio. El magistrado manifestó que “no se puede ignorar que el acusado y su defensa pretenden transformar un acto normal del proceso penal (...) en un evento político-partidario” y que ello “no puede ser permitido, pues se trata de una finalidad prohibida para el proceso penal”.
Asimismo, simpatizantes del líder del Partido de los Trabajadores buscaban instalar campamentos en las afueras del tribunal, lo que fue prohibido por la justicia. Ayer, la Defensoria Pública de Paraná presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia del Estado para intentar revertir esa decisión, argumentando que ésta transgrede el derecho de “ir y volver y permanecer en las calles y plazas de la ciudad”.
Miles de páginas
Los representantes del expresidente también solicitaban al Tribunal Regional Federal (TRF) prolongar los plazos del proceso para poder tener tiempo de analizar los documentos que Petrobras presentó a la Justicia durante la última semana. Según el abogado Cristiano Zanin Martins, entre el 28 de abril y el 2 de mayo ingresaron al proceso cerca de 100 mil páginas de material, por lo que la defensa solicitó más plazo al juez Moro, quien negó la petición.
“Es materialmente imposible para la defensa analizar toda esa documentación antes del 10 (de mayo), cuando será interrogado el expresidente y se abrirá el plazo para requerimiento de nuevas pruebas”, dijo Zanin en un comunicado de prensa.
Prisión improbable
Según especialistas consultados por Valor, es posible, pero improbable, que el expresidente sea sometido a prisión preventiva.
El profesor de proceso penal de la Universidad de Sao Paulo Gustavo Badarró señaló que “dado el patrón de Moro, por lo menos él ya encarceló a otras personas. En un interrogatorio, Léo Pinheiro (socio de la constuctora OAS, investigada en el caso) dijo que Lula aconsejó destruir pruebas, una hipótesis clásica para la prisión preventiva”.
No obstante, señaló que se trata de un argumento inadecuado, debido a que, incluso si se comprueba que Lula interfirió, “sería un peligro que ya está cumplido: la prueba ya está destruida y la prisión no impediría eso”.
El juez también podría determinar un encarcelamiento si hay peligro de fuga o amenaza del orden público. El profesor de la Fundación Getulio Vargas en Rio, Ivar Hartmann, señaló que “no acredito que esas condiciones existan en relación a Lula”. Agregó que es “un criterio vago y permite abusos”.
Por su parte, Castelo Branco, coordinador del Instituto de Derecho Público de Sao Paulo, señaló que si el juez envía a prisión a Lula “sonaría más como un motivador para que sus simpatizantes hicieran revueltas y menos como un acto justificado por los elementos que respaldan la prisión preventiva”.
Presidente de Colombia niega sobornos de Odebrecht
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió responder por escrito las indagaciones de la justicia electoral sobre las sospechas de que recibió dineros de una "caja dos" de la empresa brasileña Odebrecht en las campañas de 2010 y 2014. En entrevista con la radio RCN ayer, Santos volvió a apuntar a su coordinador de campaña, Roberto Prieto, diciendo que no sabía que su candidatura había recibido dinero por encima del techo establecido por la ley y de forma no declarada.
"Es un asunto muy doloroso. Prieto ya admitió que cometió esa irregularidad y por eso siento mucha tristeza", declaró Santos. "Yo había dado instrucciones de campaña muy claras de que no recibiríamos donaciones privadas. Esas instrucciones están escritas".
Por ello, el presidente dijo que considera que debe hacerse una distinción entre los pagos adicionales a las campañas y los sobornos.
"Lo más grave en relación al caso Odebrecht son los sobornos. En el período de mi mandato, de las 22 licitaciones en que participó la empresa, ganó apenas dos, y en ninguna de ellas hubo soborno", señaló. "No respetar el tope de las campañas es una irregularidad, sí, pero no un delito, como es el soborno".
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