La Policía Federal brasileña cumplió ayer el mandato de busca y captura en la residencia oficial del presidente de la Cámara, el diputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), en Brasilia, tanto en su domicilio como en su despacho en Río de Janeiro. La acción se deriva de la investigación sobre los desvíos en los contratos de alquiler de Petrobras. El comando de operaciones tácticas de la Policía Federal llegó a la Península de Ministros, la residencia oficial de Cunha, a primera hora de la mañana de ayer. En el registro, la policía incautó celulares, tablets y computadores de la residencia de Cunha. La policía Legislativa que acompañó a la Federal durante la operación y también registró la casa, es responsable de la planificación y coordinación de las actividades administrativas y el Centro de Documentación e Información de la Cámara.
Tras el registro, Cunha afirmó ser “absolutamente inocente” y acusó al gobierno y al Partido de los Trabajadores (PT) de irregularidades.
“Es extraño el contexto, el día y los objetivos de la acción (policial). El día en que va a tener lugar el Consejo de Ética, en la víspera de la decisión (del Tribunal Supremo) sobre el impeachment (de la presidenta Rousseff) y, de repente, provocan una operación de una forma un poco extraña porque está encima de una averiguación de la que hay denuncia. La denuncia se realizó cuatro meses atrás”, dijo Cunha, que cuestiona la legalidad de estos registros e incautaciones en un momento en que no hay plazo de presentación de defensa.
“Desde marzo digo que fui escogido para ser investigado. Soy un desafecto del gobierno. Perdí el afecto en la medida en que di curso al proceso de impeachment (contra la presidenta Dilma Rousseff). Es natural que vengan a buscar ese revanchismo”, declaró.
La Procaduría General de la República denunció a Cunha ante el Supremo por corrupción y lavado de dinero, debido a la sospecha de que había recibido al menos US$ 5 millones. Aunque el Supremo aún no ha decidido si acepta o no la denuncia, el procurador general, Rodrigo Janor, solicitó el registro e incautación de los bienes del parlamentario, acción que fue autorizada por el ministro relator del caso LavaJato en el Supremo, Teori Zavascki.
También fueron objetivo de la operación el congresista Aníbal Gomes (PMDB) y el senador Edison Lobão (PMDB), investigado por el Ministerio Público Federal (MPF); el ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves; el ex presidente de Transpetro, Sergio Machado; y el ex dirigente de Caixa Economica Federal, Fabio Cleto.
La acción policial buscaba evitar la destrucción de pruebas. Según los oficiales, los objetivos de la operación responden a cargos por lavado de dinero, corrupción y organización criminal.
Ex ejecutivo de Petrobras reconoce soborno a senador
El ex director del área internacional de la estatal Petrobras, Nestor Cerveró, afirmó en delación compensada a fines de noviembre que los propietarios de la red de puestos Derivados de Brasil (DVBR), el empresario Carlos Alberto de Oliveira Santiago, el fundador del banco BTG Pactual, André Esteves, y otros socios fueron responsables del pago de los presuntos sobornos al senador Fernando Collor, por un valor aproximado de 10 millones de reales brasileños (US$ 2,6 millones).
El pago estaría relacionado con una negociación realizada en 2010 entre DVBR y Petrobras. En la operación, la firma BR Distribuidora habría pagado cerca de 150 millones de reales para que la red marcara con la bandera de la estatal dos puestos de servicio. Cerveró declaró su participación en el acuerdo con la red de puestos de combustible en sociedad con el empresario Santiago y ejecutivos del mercado financiero que serían los dueños de BTG Pactual, cuando la institución fue recomprada al grupo suizo UBS. En su testimonio, no realizó distinción entre la figura de Esteves y sus socios en el banco BTG Pactual, pese a que el negocio de puestos de combustible no era del banco pero sí de algunos de sus accionistas. Tampoco especificó quién fue el negociador de DVBR ni quién pagó el soborno.
En la declaración también consta que Cerveró "sabe que quién pagó el soborno fue el grupo propietario de la red de puestos (Carlos Santiago y BTG)". DVBR, creada por Santiago, recibió a Esteves como socio en 2009, bajo un holding llamado BTG Alpha Participações. Según Cerveró, en 2010, cuando él ocupaba la dirección financiera de BR Distribuidora, "surgió el interés de esta sociedad (DVBR) en vender la red de puestos a BR Distribuidora, que llegó a ser negociado a un valor de 150 millones para la compra de la red de puestos de servicio por BR Distribuidora". Cerveró afirmó que "sabía que, en esa negociación, se había acordado un pago de cerca de 10 millones de reales para el senador Fernando Collor".
desaprobación de rousseff sube a 70% en diciembre
La evaluación negativa del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff se mantuvo casi estable en diciembre, con una ligera oscilación hacia arriba. El porcentaje de entrevistados que consideran que la gestión del gobierno es mala o pésima pasó de 69% en septiembre a 70% este mes, según la encuesta elaborada por Ibope divulgada ayer por la Confederación Nacional de la Industria. En cuanto a la desaprobación personal de la presidenta, este mes se mantuvo en 82%, y la aprobación en 14%, mismos valores que en septiembre.
El 78% de los encuestados afirma no confiar en la presidenta, cuyo segundo mandato está peor valorado que el primero (81% lo considera así). Aumentó también la desaprobación de las políticas contra el desempleo (a 87%) y el rechazo a las políticas tributarias (a 91%).
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