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Alto contrasteLuz verde a acuerdo Codelco-SQM
La semana pasada, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la asociación entre SQM y Codelco para la producción y comercialización de litio y otros minerales en el Salar de Atacama. Aunque condicionada a medidas de mitigación por posibles efectos en la competencia, la autorización constituye un respaldo estratégico a la operación, que busca consolidar a Chile como proveedor clave de un insumo fundamental para la transición energética global.
La aprobación se produce en un contexto internacional marcado por la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no se libra solo en el ámbito arancelario, sino que también involucra la disputa de ambas potencias por áreas de influencia, acceso y control de materias primas críticas.Ocho meses le tomó a la FNE analizar este joint venture que contempla dos etapas de administración. En una primera fase (2025-2030), SQM Salar absorberá a Minera Tarar de Codelco para constituir una nueva compañía bajo control de SQM; y, posteriormente (2031-2060), el control pasará a manos de Codelco. Desde las compañías involucradas se valoró la resolución, por cuanto aporta certidumbre y transparencia en una industria de alta complejidad, que requiere estabilidad para proyectar inversiones de largo plazo.
El acuerdo no solo ha debido cumplir exigencias legales y regulatorias, sino también enfrentar los intentos de Tianqi Lithium -accionista de SQM- por bloquearlo mediante acciones judiciales que hasta ahora no han prosperado.
Uno de los asuntos pendientes es la consulta indígena, cuya gestión será clave no solo para este proyecto, sino para toda la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el Gobierno. La influencia creciente de la etnia atacameña, con capacidad para facilitar, demorar o impedir iniciativas en los salares del norte de Chile, obliga a una definición clara sobre el alcance de sus atribuciones, considerando que varias áreas estratégicas se encuentran en proceso de licitación.
En un escenario de reconfiguración económica global, es crucial que en Chile prevalezcan la claridad y la certezas en torno a una industria de alta sensibilidad geopolítica. Para ello, es imperioso que la autoridad delinee reglas claras respecto de las demandas que las comunidades autóctonas manejan y, sobre todo, determine nítidamente quiénes son los actores válidamente habilitados para participar en el proceso de negociaciones para la extracción y comercialización de un recurso minero valioso, que pertenece a todos los chilenos y no solo a ciertos sectores.
Resulta preocupante que, en medio del proceso, puedan proliferar nuevos grupos de presión o vocerías ad-hoc con intereses particulares sobre los territorios involucrados, abriendo paso a un escenario de demandas múltiples que termine por hacer inviable el cumplimiento ordenado de la consulta indígena. La normativa vigente establece márgenes de participación que deben ser respetados, y es deber de las autoridades promover instancias de información y educación adecuadas para impedir distorsiones que terminen frustrando una oportunidad estratégica.
