La pesquera Camanchaca informó a sus accionistas el pasado viernes que conformó un equipo, liderado por el abogado Jorge Bofill, para analizar cursos de acción legales necesarios para salvaguardar el interés de la empresa frente al proyecto de ley de fraccionamiento que continúa avanzando en el Congreso.
30% del jurel queda para los artesanales.
“Para cumplir nuestro deber fiduciario al que estamos ineludiblemente obligados, la administración de la compañía ha decidido actuar con diligencia y responsabilidad, conformando un equipo interdisciplinario encabezado por el prestigioso abogado Jorge Bofill, del estudio Bofill Escobar Silva; que analizará todos los escenarios derivados de esta reforma legal y que, de aprobarse en los términos conocidos, definirá las acciones legales necesarias para salvaguardar el interés social frente al actuar de órganos del Estado, los que consideramos que han actuado al margen de la Constitución”, anunció el gerente general de la pesquera, Ricardo García, durante la junta de accionistas.
Esto, dado que a su juicio el proyecto -que es el corazón de la Ley de Pesca-, “afectaría gravemente al patrimonio y los derechos adquiridos de nuestra compañía y de toda la industria chilena al alterar el régimen de licencias vigentes sin siquiera establecer una legítima compensación”.
“Es un retroceso jurídico constitucional, es un retroceso técnico, un retroceso económico y es un retroceso social que amenaza lo construido con muchas décadas de esfuerzo”, argumentó García.
Conocedores señalaron que el grupo que asesora a Camanchaca comprende tanto un equipo legal para abordar los efectos del proyecto, como uno de ingenieros y economistas para dimensionar el impacto financiero en las empresas del cambio legislativo.
Las otras empresas
En la industria señalan que no es solo la pesquera ligada a la familia Fernández la que estaría evaluando demandar al Estado, sino que es algo transversal al sector: las compañías FoodCorp, Blumar y Landes también están en la línea de adoptar el camino legal, pero cada una de ellas tiene tiempos distintos para concretarlo.
Landes, de la familia Fosk, está a la espera de lo que ocurra la próxima semana en el Congreso y cómo se configura la ley en aquellas áreas que deben pasar por la Comisión Mixta.
En el caso de Blumar, la tragedia de la embarcación Bruma y la implicación de su nave Cobra en ella los ha tenido ocupados en las últimas semanas, aunque sí les afecta el fraccionamiento y en su momento vieron la opción legal.
El caso de FoodCorp es especial, debido a que tiene capitales noruegos, por lo que, eventualmente, podría recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Así, entre las pesqueras sostienen que varias compañías están “vitrineando” y cotizando abogados para materializar una demanda contra el Estado.
De hecho, un directivo del sector argumenta que, si efectivamente las firmas están convencidas de que existe una expropiación, sería su deber con los minoritarios abrir el camino legal.
El proyecto está en su recta final y sus diferencias deberán resolverse en una Comisión Mixta.
En síntesis, los temas pendientes corresponden a las cuotas establecidas para la anchoveta y la sardina española, en la Macrozona Norte; al reparto de la merluza común; la posibilidad de subastar eventuales aumentos de cuotas en el jurel; y una consideración sobre la cuota global de la reineta.
El jurel, la principal pesquería del país y la que más interesa en el sector, sobre todo, debido a que se recuperó sostenidamente después de haber estado sobreexplotado hace 15 años, quedó con 70% para los industriales y 30% para los artesanales.
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