Continúan sumándose actores solicitando al Tribunal Constitucional (TC) que declare inadmisible el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ejercido por Mastercard contra las instrucciones para las condiciones del mercado de tarjetas que el Tribunal de Defensa de La Libre Competencia (TDLC) instruyó el año pasado y que estaba siendo revisado por la Corte Suprema. Ahora fue el turno de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
El persecutor económico ingresó el martes un escrito al TC en donde advirtió de importantes efectos negativos de concretarse las acciones legales de Mastercard. La FNE recordó al Tribunal que Mastercard participó de manera activa en el proceso que llevó a cabo el TDLC, incluso realizando sus propias propuestas.
La Fiscalía expuso que, de acoger el recurso de la marca “conduciría a un resultado discriminatorio y afectaría la realización de los principios del orden público económico”.
Argumentó que se producirá una discriminación para los consumidores de medios de pago. Esto, pues esgrimió que “la política de competencia persigue disciplinar el poder de mercado de los agentes económicos”.
De esta manera “los consumidores pueden acceder a un mayor volumen y/o a una mejor calidad de productos y servicios, a menores precios”, esto, pues “se verían perjudicados al participar de un mercado con menos competencia”.
Así, advirtió que “los consumidores adquirirían servicios en un mercado con presencia de fallas, sin que el Estado haya podido intervenir debido a que se privó de una importante atribución a uno de los órganos destinados a ese fin”.
La FNE ejemplificó que los usuarios de telefonía móvil y los adquirentes de servicios en el mercado de residuos sólidos domiciliarios se vieron beneficiados tras la dictación de las respectivas instrucciones de carácter general, “sin embargo, en la industria de medios de pago pervivirían fallas de mercado con el consecuente impacto en el bienestar de los usuarios que ello acarrea”.
Defensa de las herramientas del TDLC
La FNE también defendió las facultades y potestades legales que tiene el TDLC. Señaló que de declararse inconstitucional las atribuciones de dictar instrucciones, “reduciría las posibilidades de resguardar la libertad económica en tanto el ejercicio del poder de mercado violentaría otros actores de la industria y, en último término, a los consumidores, vulnerando los principios del orden público económico”.
Ahondó que se “afectaría la finalidad del Estado de promover el bien común”.
Finalmente, la FNE hizo ver que la Corte Suprema ha señalado en varias ocasiones a través de fallos la importancia que tiene la libre competencia dentro del orden público económico. Con este contexto, afirmó que “se desprende que el objetivo de cercenar una de las herramientas del TDLC para resguardar la libre competencia en el mercado de medios de pago conducirá a consecuencias inconstitucionales”.
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