Las instrucciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para las condiciones de competencia en el mercado de los medios de pago con tarjetas, que está revisando la Corte Suprema luego de que varios actores de la industria apelaron a las decisiones regulatorias, escalaron hasta el Tribunal Constitucional (TC).
Mastercard ingresó el 11 de enero un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la facultad del TDLC de dictar instrucciones en lo que concierne al recurso que está siendo revisando ante la Suprema.
Según la marca de tarjetas, se ve afectada “severamente” y criticó que las medidas del TDLC son “un tremendo retroceso al gran avance y desarrollo que ha vivido últimamente el mercado de los medios de pago con tarjetas”.
Los dardos
Consideró que algunas de las medidas del TDLC conllevan “evasión tributaria, fomento de la ilegalidad y la informalidad, facilitación de la corrupción, exclusión financiera, dificultad para el crecimiento económico, entre otros, costos que nuevamente recaen desproporcionadamente en la población de menores ingresos”.
Esto, pues según Mastercard dentro de las cosas que zanjó el TDLC es permitir a los comercios realizar recargos a los consumidores que realicen pagos con tarjeta, respecto de los que utilicen otros medios de pago.
Mastercard criticó al TDLC que en sus instrucciones no se hizo cargo de la “altísima concentración que existe en el segmento de la adquirencia, al ostentar Transbank una participación superior al 85%”.
Frente a ello, cuestionó “¿por qué no ordenó el TDLC, mediante estas instrucciones, por ejemplo, la desinversión de Transbank? ¿Por qué se enfocó casi exclusivamente en las marcas de tarjetas, si su pretensión era revisar, supuestamente, las condiciones de competencia en la totalidad de la industria?”.
Mastercard alegó en su escrito de 62 páginas que las facultades que entregó el legislador al TDLC para dictar instrucciones contiene vicios constitucionales, ya que se “produce una grave violación al derecho fundamental a la igual protección en el ejercicio de los derechos”.
Apuntó que las instrucciones dictadas “lo ha hecho por una vía que no cumple con las garantías de un debido proceso”.
Mastercard indicó que “no parece razonable que una facultad tan potente como el establecimiento de reglas no cuente con suficientes garantías”, en referencia a la facultad del TDLC de hacer procesos de instrucciones generales.
Ahondó que la regulación no contempla un recurso ad hoc “que permita al menos suspender los efectos inconstitucionales de su aplicación, lo que complejiza aún más el velar por la conformidad de este, de cara al principio de igualdad”.
El TC decidió el miércoles acoger el requerimiento de Mastercard y comenzar su tramitación, con lo cual la causa que era vista por la Suprema queda suspendida a la espera del pronunciamiento constitucional del Tribunal.
FinteChile se sumó a la causa el viernes como parte del proceso.
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