La industria de medios de pago todavía no puede zanjar las diferentes aristas judiciales que aún generan incertidumbre entre sus incumbentes. Dentro del hervidero de disputas, se conoció que al menos uno de los conflictos terminó. Visa desistió hace menos de dos semanas al recurso de amparo económico que presentó ante la Corte Suprema contra los límites que estableció el Comité Técnico para las Tasas de Intercambio (TI), según revelaron a DF fuentes conocedoras del proceso.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, Visa apuntaba a que lo obrado por el Comité suponía “una medida de congelamiento tarifario”.
Adicionalmente, planteaban que los límites establecidos “desnaturaliza uno de los elementos básicos de la regulación económica por vía tarifaria: la limitación y garantía de la autonomía de la voluntad en materia empresarial”.
2019
fue el año en que partieron los conflictos legales por el modelo tarifario.
Previamente la Suprema ya había desestimado dos recursos judiciales de similares características presentados por Banco Santander y CMR Falabella.
Ahora sólo queda por resolver una acción presentada por Cruz Verde. El recurso en cuestión se concentra en que se debe revisar el plazo de 18 meses que se implementó para la puesta en marcha del esquema de límites a las TI.
Ojos en la Suprema
Un año se cumplió desde que diferentes actores del mercado acudieron hasta la Corte Suprema para apelar a las instrucciones de carácter general que estableció en agosto de 2022 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en relación a las condiciones de competencia en el mercado de los medios de pago con tarjetas.
En dicho proceso, el TDLC delimitó al menos diez aspectos sobre esta industria; como la regularización de las transacciones transfronterizas, la definición de los procesos sancionatorios que las marcas de tarjetas pueden aplicar a sus licenciatarios, la libertad a los comercios de elegir el tipo de producto de medio de pago a aceptar, la regularización de los costos de marca, entre otras medidas.
Luego, se sumaron 12 entidades como recurrentes en la causa, desde bancos, gremios, fintech, marcas de tarjetas, comercios y organismos públicos.
En privado, la gran mayoría de los representantes legales expresaron su preocupación debido a que la causa no ha tenido mayores movimientos.
De hecho, Cruz Verde presentó un escrito el mes pasado haciendo ver que se pueda poner en tabla considerando “la importancia que reviste para la libre competencia una pronta resolución de la presente causa”.
Las mismas fuentes detallaron que lo que buscaría la Tercera Sala de la Corte Suprema es escuchar los alegatos de esta causa junto con el recurso de queja que interpuso la Fiscalía Nacional Económica contra los ministros del TDLC.
Explicaron que la idea de escuchar todo en un día es para que los ministros de la sala en cuestión puedan tener una visión completa de lo que está sucediendo en el mercado de medios de pago. Hay que tener en consideración que esta misma instancia fue la que rechazó en agosto del año pasado el plan tarifario de Transbank.
La queja
Por su parte, el recurso de queja ejercido por la FNE no ha tenido movimientos en la Corte hace más de un mes. Una de las últimas actividades relevantes fue que Cruz Verde se hizo parte del proceso y también requirió que sea visto el asunto “con el fin de poner pronto término a la incerteza jurídica y económica que la situación actual del mercado de pagos provoca entre todos sus actores”.
En esta causa, una de las sorpresa que hubo fue que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se hizo parte del proceso. Previamente, el regulador envió un oficio en el que criticó a la FNE por querer establecer un merchant discount de 0,4% para todas las transacciones de Transbank.
Esto, pues “tendría efectos en la solvencia y viabilidad de Transbank” y “pondría en riesgo la viabilidad financiera de múltiples instituciones existentes e impactado severamente el desarrollo futuro de este mercado”
La CMF enfatizó que acorde a sus facultades legales “no le permiten fijar tarifas o exceder el ámbito de acción”.
La Fiscalía interpuso en noviembre del año pasado este recurso contra los ministros del TDLC acusando “graves faltas o abusos” por la decisión de remitir los antecedentes del plan tarifario de Transbank a la CMF.
Ante los reproches de la FNE, el TDLC declaró que “solo da cuenta de una diferencia de opinión respecto de la interpretación del sentido y alcance de la sentencia” y que el organismo “tergiversa el contenido del fallo”.
Los diferentes actores que participan en medios de pagos coinciden -a pesar de las diferentes posturas y roles que cumplen- sobre la urgencia de poner fin a los flancos legales que existen en torno a este tema en la Corte Suprema para que existan certezas jurídicas en el sector y puedan desarrollarse el ecosistema. Al cierre de esta edición, aún no había claridad respecto de cuándo sería revisada esta causa por parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema.
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