Juan Bilbao Hormaeche lanzó toda su artillería con la cual intenta evitar el pago de la multa que le aplicó la extinta Superintendencia de Valores, hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por uso de información privilegiada. Su defensa, liderada por el abogado Cristóbal Eyzaguirre de Claro y Cía, presentó a principios de abril un extenso documento de 168 páginas que recopila informes de tráficos de llamadas, estudios en derecho y declaraciones, entre otros antecedentes. Buscan evidenciar, según el texto, “la absoluta improcedencia de la multa”.
Todo partió en 2014 cuando el regulador de valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), acusó a Bilbao de uso de información privilegiada y obtener ganancias por US$ 10 millones con la compra de ADRs de la empresa CFR -de la que era director- cuando aún no era pública la oferta de Abbott. A los pocos meses, la entonces SVS le formuló cargos por entrega de información falsa al mercado y uso de información privilegiada.
El 22 de octubre de 2015, el empresario alcanzó un acuerdo con la SEC, previo pago de unos US$ 13 millones por las ganancias de la operación cuestionada, con lo cual puso fin a los cargos sin admitir nada. Menos de un mes después, vino la jugada del regulador chileno, que lo multó por US$ 3,2 millones. En diciembre del mismo año, la defensa de Bilbao presentó una reclamación ante la justicia civil.
Han pasado más de tres años de juicio, tiempo en el que los abogados del empresario han insistido en su inocencia.
En el intertanto, Bilbao sufrió una dura derrota a fines del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por sus abogados en contra de la multa del regulador local. Al igual que Julio Ponce y otros ejecutivos multados por el caso Cascada, alegó, sin éxito, la inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley Orgánica de la SVS que sostiene que la entidad puede fijar una multa de “hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular”.
Tras esto, el proceso en sede civil se reactivó. Los abogados de Bilbao presentaron una lista de testigos entre los cuales figura el empresario Alejandro Weinstein, excontrolador de CFR Pharmaceuticals. “Su declaración resulta fundamental para determinar si el señor Bilbao instruyó la compra de acciones de CFR en uso de información privilegiada”, sostiene su defensa.
Pero la CMF se opuso a esta diligencia. “Resulta impertinente que el Sr. Alejandro Weinstein Manieu vuelva a declarar, toda vez que los testimonios que él pueda entregar respecto de los hechos de la causa, ya fueron incorporados en el expediente administrativo que motivó la sanción reclamada”.
En enero de este año, la justicia autorizó una nueva toma de declaraciones al empresario, por lo que se ofició a la Corte Suprema para que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se presente el exhorto internacional dirigido a la autoridad jurisdiccional competente de la ciudad de Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, que es donde reside Weinstein Manieu.
“Es un testigo directo de hechos en los que se fundan las alegaciones de ambas partes”, se señala en un escrito de febrero pasado firmado por el secretario (s) del 30 Juzgado Civil de Santiago, que es donde se lleva la causa.
“No tenía conocimiento”
En el mismo juzgado, el abogado Cristóbal Eyzaguirre presentó un extenso téngase presente el pasado 4 de abril. Ahí, el jurista insiste: “La evidencia demuestra que al instruir la orden de compra el señor Bilbao no tenía conocimiento de la información sobre Abbott”. Añade que la operación por la que se sancionó al empresario fue dada a conocer el 28 de febrero de 2014. Lo anterior, según su defensa, consta en pruebas testimoniales y en el certificado de tráfico de llamadas, emitido por Entel, entre Bilbao y Tomás Hurtado, quien fuera su subordinado en Consorcio como gerente de inversiones del holding. La reunión de directorio de CFR cuando se vio el tema Abbott fue el 10 de marzo.
"Quedó acreditado en autos que el señor Bilbao, al momento de ordenar la compra de acciones de CFR por la que fue sancionado no tenía conocimiento de información privilegiada", insiste su defensa. Además, señala que se "acreditó" en el juicio que la SVS infringió el principio del non bis in ídem, ya que según sostiene esta parte "se probó" que los mismos hechos fueron juzgados con anterioridad por la justicia norteamericana.
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