A través de una carta dirigida a la Bolsa Electrónica (BEC), CB Corredores, la cuestionada intermediaria de valores perteneciente a Manuel Cruzat, manifestó su “sorpresa” respecto de la forma en la cual la entidad bursátil, a través de sus representantes, “ha difundido a través de los medios de comunicación esta situación, antes de ser notificados formalmente del hecho”.
La intermediadora explicó que, a su parecer, la difusión de la salida de la plaza dejó en un segundo plano otros hechos relevantes y que serían avances “para dar una solución definitiva a las obligaciones de la sociedad, resguardando en su integridad al mercado en el que participaba CB Corredores de Bolsa”, según señaló en su misiva.
Los antecedentes que menciona el documento firmado por el gerente general de la corredora, Eduardo Romo, corresponden a hechos que la empresa considera “realmente importantes”, entre los que cuenta la aprobación de las proposiciones del convenio judicial preventivo, que le da un plazo de ocho meses -a partir del 16 de agosto- para “la solución de sus obligaciones vigentes, las cuales ascienden al 31 de julio pasado a $ 1.460.980.000”.
Asimismo, la firma aseguró que “ha dado cumplimiento a todas sus obligaciones con sus clientes, mediante la devolución de la totalidad de los fondos que ellos mantenían en CB Corredores de Bolsa para realizar operaciones de compraventa de acciones, la cual ascendía a $1.568.972.000”.
Por último, CB agregó que a la fecha habría cumplido a cabalidad las solicitudes de devolución de custodias de acciones que mantenía. “Las custodias que a la fecha no han sido traspasadas y por las que no se han recibido las respectivas solicitudes corresponden al 8,7% del total que la sociedad mantenía al momento de la suspensión por parte de la SVS, equivalente a $ 3.854.992.000”, aclaró la corredora.
Cabe recordar que la desafección de CB de la BEC no es la única vez en que se ha cancelado la licencia a un intermediario, pero sí es la primera ocasión en la que se hace por insolvencia de los propietarios. Para la Bolsa Electrónica, la existencia del convenio judicial es indicio suficiente para dar cuenta de dicha situación.
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