En el auditorio de la Sofofa altos ejecutivos y empresarios escucharon con atención al comisario de la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, Danic Maldonado. Él fue uno de los expositores en el seminario sobre ciberseguridad organizado por la entidad gremial y la embajada de Israel esta semana, tema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones a nivel empresarial. Y no por casualidad.
El comisario Maldonado, en su exposición confirma hechos de los que han sido testigos varias empresas locales: casos de ramsomware –operaciones informáticas que intervienen y restringen el acceso a los sistemas, pidiendo un rescate para liberar la información, usándose en algunos criptomonedas como valor de cambio- también están ocurriendo a nivel local.
La información la confirma un importante ejecutivo de una compañía multinacional de seguros, quien cuenta que durante este año han enfrentado casos de esta índole, teniendo que hacer uso de los seguros contratados para ciberseguridad.
A eso se suma, dice Maldonado, que “hemos tenido casos en donde delincuentes locales también convierten su dinero, que han logrado producto de sus acciones ilícitas, en criptomonedas”. Transacciones de divisas que están generando “una dificultad a la hora de su persecución”.
Esto ocurriría porque que las criptomonedas actualmente carecen un marco legal.
A modo de referencia es que las entidades que conforman el Consejo de Estabilidad Financiera -el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Pensiones- declararon a principios de mayo “que estos activos virtuales no son emitidos ni respaldados por bancos centrales u otras autoridades públicas y, en la mayoría de los casos, su valor deriva únicamente de la confianza de sus usuarios”.
“En Chile actualmente no existen regulaciones específicas para estos activos, ni para sus emisores o intermediadores”, agregaron.
Dentro de los objetivos que tiene la administración del Presidente Piñera está actualizar los marcos legales asociados a ciberseguridad y uno de ellos es la Ley de Delitos Informáticos que data de 1993, una normativa que estaría obsoleta.
Los llamados de la banca
El exsuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras y ahora académico de ESE Business School, Eric Parrado, planteó esta semana en una discusión con operadores de monedas digitales que “la anonimidad en la propiedad de las criptomonedas las hace vulnerables al uso para lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.
En el marco de la disputa legal que enfrentan las firmas que comercializan divisas digitales con la banca en el Tribunal de Defensa a la Libre Competencia (TDLC), entre los argumentos expuestos por Itaú está el ejemplo de Colombia, donde “se da cuenta que el riesgo de operar con intermediarios de criptomonedas es altísimo”, ya que las monedas virtuales se utilizarían para operaciones de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico.
La defensa de Itaú en cuanto a los riesgos asociados al uso de criptomonedas para lavar dinero también ha sido usada por el resto de las entidades demandadas: BancoEstado, Scotiabank y Banco de Chile.
Los bancos han lanzado sus dardos apuntando a que los operadores de monedas digitales no controlan los riesgos de lavado de dinero.
Incluso, Scotiabank afirmó en el TDLC que el “anonimato entre quienes realizan la transacción, hace difícil o imposible para las entidades financieras, gubernamentales o policiales determinar el origen de los fondos involucrados en dichas transacciones”.
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