La tramitación del proyecto de ley sobre Portabilidad Financiera continúa avanzando en el Congreso. El miércoles la comisión de Economía del Senado recibió a la Asociación de Bancos (ABIF) representada por el gerente de Estudios, Matías Bernier. Si bien el ex miembro del Banco Central resaltó que la industria financiera apoya la movilidad financiera que está impulsado la iniciativa del gobierno, el gremio presentó 10 comentarios al proyecto y que se podrían perfeccionar.
La primera de ellas guarda relación al momento de cambiarse de entidad financiera. A juicio de la (ABIF), los diferentes plazos que establece el proyecto se podrían introducir a rigideces en la operación del proceso de portabilidad.
Esto ocurriría por ejemplo con el certificado de liquidación, el cual tiene un plazo de tres días hábiles para su emisión por parte del proveedor inicial y que a juicio de la ABIF, dicho período "puede ser apropiado para productos u operaciones estándares, pero no es el caso de operaciones más complejas".
Frente a esta situación, Bernier planteó que "la fijación de plazos específicos se establezca en los respectivos reglamentos con el informe previo del regulador".
El segundo aspecto que criticó la ABIF fue la situación ante la portabilidad para créditos caucionados con una garantía real con cláusula de garantía. Un ejemplo de estos productos son los créditos hipotecarios.
De acuerdo a la interpretación del gremio, la actual redacción del proyecto da la posibilidad "que un antiguo acreedor pierda la garantía sin haber operado el pago de sus créditos, por ejemplo, por no estar cubiertos en la solicitud o en la oferta de portabilidad, afectando el valor de la garantía".
Así, la recomendación es "acotar la aplicación de la ley a créditos sujetos a garantías específicas, e implementar la portabilidad a garantías generales en una segunda etapa".
Un tercer aspecto en el que apuntan en la banca es el devengo de intereses. La iniciativa del Ministerio de Hacienda señala que el nuevo crédito no devengará intereses por el plazo transcurrido entre la celebración del referido crédito y el pago del crédito inicial por el nuevo proveedor.
A juicio de Bernier, "esto implica no reconocer el costo de oportunidad del dinero, y no es consistente con la operación vigente de los créditos –por ejemplo, mutuos hipotecarios, donde el contrato se perfecciona cuando se disponibiliza el dinero al cliente".
El gerente de Estudios solicitó "establecer que el devengo de intereses se realice desde la aceptación del contrato de crédito con el nuevo oferente".
El cuarto punto en el que pidió cambio Bernier es sobre los montos de los nuevos créditos tras la operación de portabilidad. De acuerdo a la interpretación de la ABIF, el proyecto establece una limitación para el monto de capital del nuevo crédito, el que no podría superar el monto de capital del crédito inicial.
"El valor del nuevo crédito fácilmente podría ser superior a ese valor si se consideran intereses devengados por pagar y otros costos. Por ello, la limitación estipulada puede desincentivar la portabilidad, pues exige que el cliente cuente con recursos adicionales para pagar los intereses, comisiones y demás costos que no logran ser cubiertos por el monto del nuevo crédito", sostuvo Bernier en su presentación.
Otro aspecto que fue blanco de críticas fue el mandato de término de la portabilidad. El gremio bancario indicó que el proyecto no es claro "respecto a su tratamiento, ya que no establece las reglas bajo las cuales se verificará la existencia y vigencia" de esta herramienta.
Por ello, Bernier propuso que mayores formalidades, mecanismos de verificación y aspectos relacionados sean reguladas vía reglamento.
La banca además pidió al Senado reponer los 120 días de plazo para aplicar la ley una vez aprobado el reglamento de Portabilidad Financiera, esto, pues en la Cámara se estableció 90 días. Asimismo, que antes que los ministerios de Hacienda y Economía dicten el reglamento, tenga un informe previo y favorable de la Comisión para el Mercado Financiero.
El séptimo punto corresponde a desarrollar la digitalización del proceso de portabilidad. Bernier dijo que se necesitaba "precisar que los distintos trámites y certificados pueden realizarse o constar en medios digitales sin necesidad de firma electrónica avanzada para facilitar el acceso por parte de los clientes, y sin perjuicio de establecer códigos de verificación".
Otro elemento es el de mejorar el tratamiento de los datos personales y que estén alineados a la normativa de la Unidad de Análisis Financiero. Con respecto al almacenamiento de documentos, la banca requirió que los proveedores financieros conserven las garantías durante el tiempo de su vigencia con un tope de seis años, pudiendo estas ser almacenadas digitalmente.
La última crítica es a limitar el ámbito de las atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor. Esto, pues la banca no ven con buenos ojos que la regulación asociada al organismo se aplique de manera supletoria a la portabilidad financiera.
Situación FinTech
Otro de los expositores de la sesión fue la Asociación de FinTech (FinteChile). El presidente del gremio que agrupa a las compañías tecnológicas financieras, Matías Spagui, quien además es director de Mercado Pago, planteó la necesidad de incorporar al sector financiero no tradicional entre los proveedores de servicios en el marco del proyecto de portabilidad.
De esta forma, Spagui advirtió que "una eventual exclusión de las nuevas oportunidades de inclusión tendrá un impacto negativo en personas y pymes, las cuales no podrían capitalizar la mayor oferta y opciones de crédito que actualmente ofrece el mercado".
Por esto, Spagui señaló la necesidad de modificar el proyecto y establecer como proveedor financiero "a aquellas otras entidades, cuyo giro principal consista en el desarrollo y ejecución de productos y servicios financieros, siempre que dichaactividad no infrinja la legislación vigente".
La propuesta fue bien recibida por los senadores por lo cual solicitaron al Ministerio de Hacienda a incorporar a las FinTech teniendo en cuenta que próximamente Teatinos 120 enviará al Congreso un proyecto de ley que regulará a las tecnológicas financieras.
Asimismo, se enviará un oficio al Ejecutivo para que informe en qué estado se encuentra las iniciativas regulatorias para las FinTech que está preparando la cartera dirigida por el ministro Ignacio Briones.
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