Las novedades de la futura licitación: duración del contrato, red de agencias y sistema de difusión

Aunque en el gobierno no han querido entregar detalles de la futura licitación y ni siquiera han querido precisar la fecha de entrega de las bases para postular, un análisis de la Superintendencia de Pensiones incluído en el reporte “Seguro de cesantía en Chile” da luces sobre algunas de las materias que ese organismo ve como importantes de incluir en el proceso.

El primero de ellos es si resulta pertinente mantener o modificar la duración del contrato entre el gobierno y la firma adjudicataria, que está fijado en 10 años. Tal extensión debería evaluarse “especialmente considerando que el sistema ya está establecido y que es una sóla empresa la que gana la licitación de un sistema que es obligatorio de pertenecer”, dice el texto.

También plantea la necesidad de revisar si la red actual de agencias (que suma 216 puntos) es apropiada considerando la extensa geografía de Chile. Sugiere establecer en la próxima licitación “un sistema óptimo de agencias permanentes o móviles que den cuenta de las necesidades de los afiliados”. De esta manera, se podría resolver por ejemplo la situación que viven zonas más aisladas del país como la provincia de Palena, que “no cuenta con una agencia cercana por lo cual se debe realizar un largo viaje hasta la capital regional, Puerto Montt, para realizar la solicitud de beneficio”. El texto indica que ciertamente este tipo de carencias deben ser resueltas en la próxima licitación.

Además, argumenta que la entrega de información del sistema no debe limitarse al envío de cartolas, mantener folletos informativos en las agencias de atención a público, operar un call center para atender consultas y difundir información a través de un sitio web. El texto sugiere que pueden ser necesarios “esfuerzos adicionales en la difusión del sistema, para así lograr un mejor funcionamiento de los objetivos de éste”, los que “debieran estar contenidas en el futuro contrato de administración”.

Un último punto se refiere a la aplicación de un enfoque de supervisión basada en riesgo al administrador de estos fondos, lo que “permitiría tener una supervisión más efectiva, eficiente y alineada con las mejores prácticas”. Como se sabe, este enfoque también será aplicado a las administradoras de fondos de pensiones.