Mucho paño por cortar habría en el denominado caso Cascadas. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que rebajó la multa aplicada a los ejecutivos de LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, se abre el camino para que los otros recurrentes al TC -como Julio Ponce Lerou, Leonidas Vial o la misma intermediaria- puedan correr la misma suerte. Así al menos lo indican fuentes cercanas al Tribunal, en una interpretación que deja a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en una situación desfavorable en esta arista del caso.
Abogados de la plaza que conocen el caso aseguran que las defensas de los acusados por el regulador, en participar en el llamado “esquema”, usarán de modo argumentativo las sentencias del TC en los juzgados civiles, instancias en las que se está discutiendo la histórica multa que se aplicó.
“Habiendo una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la norma en que se basó la SVS produce un efecto inconstitucional, claro que da mayor argumentación de los abogados de los acusados para decir que las multas son desproporcionadas”, comentó un abogado.
“Operación irregular”
Pero los problemas para el regulador podrían continuar, incluso más allá de estos casos. La primera sentencia en el TC adversa para la SVS en el caso Cascada vino con Roberto Guzmán Lyon, justo en momentos en que en el Congreso se discutía la creación de la nueva Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Es por ello que una de las cosas que buscaba la ley era que no se repitieran estos problemas.
En la sentencia que bajó a 15 mil UF la sanción en contra de los ejecutivos de LarrainVial, el redactor del fallo -el abogado Juan José Romero-consideró muy amplio el concepto “operación irregular”. Esa es la misma frase que la ley que crea a la Superintendencia de Valores y Seguros establece, en el cuestionado artículo 29, que la multa puede ser de hasta un 30% del valor de la operación en cuestión.
El problema, indican conocedores del proceso en el TC, es que ahora, la ley 21.000 que crea la CMF, en el artículo 36 sobre las sanciones repite lo mismo: “el 30% del valor de la emisión, registro contable u operación irregular”.
Es por ello que abogados aseguran que una vez que la CMF aplique una sanción con estos criterios, nuevamente los sancionados recurrirán al TC.
“El TC dice que el concepto de ‘operación irregular’ es demasiado amplio. Juan José Romero -que es experto en regulación- dice en el fallo que una operación irregular puede implicar demasiadas cosas. La ley 21.000 que crea la CMF repite la misma frase, es decir, el sistema sancionatorio nuevo y que aún no está en funcionamiento tiene el mismo defecto por el cual el Tribunal ya falló en contra”, explica una fuente cercana al TC.
Pavez se defiende
Ayer, en una actividad organizada por Itaú sobre el funcionamiento de la CMF, el superintendente de Valores, Carlos Pavez, aprovechó la oportunidad para referirse al reciente fallo, indicando que no significan un precedente, ya que se falla de forma particular.
“Esto afecta el monto de la multa, no la pertinencia y procedencia de la sanción que puso la Superintendencia. A mi me importa que quede claro que no se puede dejar pasar y que se diga a que a partir de estos fallos el Tribunal Constitucional deja claro la arbitrariedad de la Superintendencia”, dijo.
Además, Pavez señaló que considerando los reiterados fallos del TC en la materia, “uno podría ver -hipotéticamente- si a futuro la Superintendencia insistirá en aplicar esos artículos en un proceso nuevo”.
Los recursos al TC por caso Cascadas
La idea de ir al Tribunal Constitucional (TC) para alegar en contra de las acciones de la SVS comenzó en octubre de 2015, con Roberto Guzmán, asesor de Julio Ponce Lerou, quien indicó que la multa de UF 550.000 impuesta era excesiva, ya que la sanción máxima para ilícitos tiene un límite de UF 15.000. El TC acogió de manera parcial el requerimiento a fines del año pasado.
En abril de 2016, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, ejecutivos de LarrainVial, también pidieron una rebaja de su sanción de UF 200.000 y UF 100.000, respectivamente, lo que fue aceptado por el TC.
En octubre de 2016, Julio Ponce Lerou recurrió al tribunal para pedir un recorte de su multa de UF 1.700.000.
En junio de este año, LarrainVial ingresó acudió para rebajar su multa 200.000 UF.
El último en recurrir al TC fue Leonidas Vial, en su calidad de inversionista, quien presentó un requerimiento el martes.
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