Las nuevas normativas que permitieron rescatar una parte de los ahorros previsionales, no sólo tuvieron efectos en la economía, también se generaron otros efectos colaterales, y algunos hoy están pendientes en la justicia.
En octubre pasado, Habitat interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de la Superintendencia de Pensiones (SP) debido a la multa que se le aplicó de 2.000 UF ($ 58 millones aproximadamente), luego de que la AFP ligada a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) enviara una carta a sus afiliados, donde manifestó su opinión respecto del entonces proyecto de rescate del 10%.
De acuerdo con el regulador, Habitat realizó una infracción al exceder "el objeto único y exclusivo de una AFP y las reglas sobre publicidad".
La postura de la gestora es que la SP no sólo transgredió el marco de sus facultades para sancionar, "sino que comprometió gravemente el ejercicio de las libertades de informar y de opinar, que las AFP –como cualquier persona natural o jurídica– poseen por expreso mandato de la Constitución Política de la República".
Luego que la administradora presentara el recurso, en noviembre, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que la causa no tendría alegatos, argumentando que la ley señala que se ve en cuenta (es decir sin alegatos).
Sin embargo, el abogado representante de Habitat, Rodrigo Díaz de Valdés del estudio Baker McKenzie, interpuso una reposición, solicitando a la Corte de Apelaciones de Santiago, que hubieran alegatos públicos. Así, el lunes pasado, la Corte cambió de posición y concedió la petición de la gestora.
Argumentos de la reposición
Según lo alegado en el documento que contiene la reposición, se señala que lo que pide Habitat "no es algo inusitado o excéntrico".
Se explica que se está solicitando que se le aplique el mismo criterio que, en casos análogos a éste, se les aplicó a otras administradoras. Como por ejemplo, con otras causas de AFP Provida y AFP Capital que también interpusieron reclamos de ilegalidad.
"De este modo, se garantiza una igual aplicación de la ley, sin existir circunstancias que permitan discriminar en este caso", sostiene la defensa de Habitat.
Por otra parte, se hace hincapié en que "este es un caso de la mayor importancia para la protección de las libertades públicas en Chile".
Díaz de Valdés indica que la sentencia que la justicia dicte no sólo será relevante para la defensa de los derechos que asisten a AFP Habitat, sino que "podría sentar un precedente relevante en cuanto a la extensión de las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia y al alcance de los derechos a informar y emitir opiniones que tienen las personas jurídicas".
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