La multa de UF 15.000 que cursó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en contra del CEO de Cencosud, Matías Videla, por comprar acciones de la compañía con información privilegiada, sigue dando que hablar en la industria.
En el ejercicio de sus atribuciones, el viernes 6 de octubre, la Superintendencia de Pensiones ofició a las siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) solicitando información vinculada al caso Videla-Cencosud.
El 11% de Cencosud está en manos de las AFP y éstas cuentan con dos directores en la mesa de la compañía.
Matías Videla, Ceo de Cencosud. Foto: josé Montenegro
Según el documento al que tuvo acceso DF, el regulador pidió a las AFP que determinen los “riesgos financieros que surgen en las inversiones de los fondos que administra, con especial énfasis en el impacto en su evaluación de factores Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG), y como ésta impacta en su decisión de inversión”.
Además, les solicitó que informaran “las medidas adoptadas para proteger las inversiones de los fondos que administra” y que adjuntaran la evidencia que respalde esas gestiones.
Para lo anterior, las AFP tienen un plazo de cinco días hábiles a contar del siguiente día hábil a la fecha de notificación del oficio.
La exposición de las AFP
Fuentes de la industria señalaron a DF que las AFP tienen US$ 560 millones de la cartera de fondos previsionales invertidos en Cencosud, una de las principales compañías que cotizan en la bolsa chilena. Con ello, el 11% de la empresa está en manos de las administradoras de fondos de pensiones.
De las AFP que componen el sistema, Habitat y ProVida son las que figuran entre los 12 principales accionistas de Cencosud, según las estadísticas de la CMF.
Actualmente, dentro de la mesa de Cencosud hay dos directores que fueron elegidos con los votos de las AFP, quienes fueron propuestos en el último proceso por ProVida: Carlos Fernández e Ignacio Pérez.
Antes de eso, los directores independientes que representaban a las administradoras habían sido nominados por AFP Capital.
Evaluación de riesgos
La acción que tomó la Superintendencia no generó mayor sorpresa en el mercado dado que es común que el regulador oficie a las AFP para consultar sobre eventuales riesgos tras casos con impacto en factores ASG.
Para la exsuperintendenta de Pensiones y presidenta de Eticolabora -firma que se especializa en temas de gobierno corporativo, ética, integridad y compliance, entre otros-, Tamara Agnic, “a pesar de que el caso Cencosud ha suscitado respuestas por parte del regulador de pensiones solicitando información, es esencial que las AFP no limiten su enfoque únicamente a este caso en particular”.
Añadió que “deben adoptar una perspectiva sistémica al realizar su análisis”. En otras palabras, planteó, que es relevante que examinen si sus modelos de evaluación de riesgos incorporan adecuadamente los factores Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG), especialmente en el ámbito de la gobernanza. “Esto permitirá verificar de manera razonable si las empresas en las que invierten cuentan con sistemas de cumplimiento (compliance) que sean eficaces para prevenir este tipo de incidentes”, aseguró.
Además, sostuvo que en el caso Videla, no solo debe ser una señal de alerta para las AFP, sino que también “debe llamar a prevenir a cualquier empresa que busque protegerse contra la ocurrencia de delitos que pueden tener un impacto extremadamente perjudicial en la confianza del entorno empresarial”. Lo anterior, para Agnic, en momentos en que se promulgó recientemente la nueva ley de Delitos Económicos.
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