El exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, concretó su arremetida contra el Ministerio del Trabajo luego de que hace dos meses el Gobierno le pidió su renuncia al cargo por realizar comentarios de connotación sexual en público.
En concreto, Larraín presentó una demanda por tutela laboral presentada por los abogados Jorge Bofill y Arturo Merino ante el Segundo Juzgado de Letras de Santiago.
Según publicó El Mercurio, los abogados exigen para su representado una indemnización de perjuicios que totaliza los $ 580 millones. Primero, una de$80.151.522 por la violación del derecho de honor y $ 500 millones por valorización de daño moral causado a la reputación profesional y personal de la exautoridad.
En el escrito se explica que la forma en que el Ejecutivo decidió pedirle la renuncia a Larraín vulneró la garantía constitucional del "respeto y protección a la honra de la persona y su familia".
En ese contexto, señalaron que "las circunstancias que rodearon la cesación de sus servicios vulneraron sus derechos".
Rol de Jara
En el escrito, los abogados cuestionaron que la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, le solicitó la renuncia a Larraín argumentando para ello "conductas de acoso sexual y laboral en el ejercicio de sus funciones", pero que ello se realizó "sin haber sido debidamente probado e investigado de acuerdo al principio de debido proceso y el respeto de la presunción de inocencia".
Los abogados aseguraron que "nunca se le instruyó sumario previo que permitiera comprobar o descartar la veracidad de las denuncias, ni se realizó investigación formal, como tampoco se le solicitó una declaración al respecto". Y agregaron: "no se aplicó la normativa vigente, ni protocolo, ni medida de protección alguna, cuestiones jurídicas de la mayor relevancia garantizadas por la Constitución Política de la República".
También, solicitaron que el Ministerio del Trabajo "debe excusarse, mediante una comunicación formal y pública a los medios de prensa nacional" y que esta debe ser también publicada en la página web de la institución pública y enviarse a casas de estudios y autoridades.
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AFP
