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REGÍSTRATE AQUÍHace un par de semanas la oposición rechazó la propuesta en la comisión de Trabajo de la Cámara Baja.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 30 de julio de 2019 a las 04:00 hrs.
Hace dos semanas, la comisión de Trabajo de la Cámara Baja terminó de discutir la reforma previsional. En la instancia, se rechazaron los tramos etarios propuestos para el incremento de las pensiones y beneficios, planteando que la medida sea universal sin diferencia por edad.
Sin embargo, ayer el gobierno manifestó que insistirá en este punto. “Como Ejecutivo vamos a seguir insistiendo en el tema de poder diferenciar los incrementos según la edad de las personas y es uno de los puntos que vamos a reingresar para legislar de esa manera”, indicó la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.
La autoridad remarcó que “tenemos que buscar el mecanismo para poder ayudar e incrementar las pensiones de los adultos mayores, pero teniendo presente la evidencia que demuestra que, a mayor edad, hay mayor necesidad. Es importante que estos incrementos sean distintos para una persona que tiene 65 años respecto de una que tiene 70 u 80 años”.
A su vez, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, defendió la creación del ente público, Consejo de Ahorro de Seguros Sociales (CASS).
“Aquellos que sostienen que el Consejo Público es un sistema de reparto, definitivamente no han entendido nada, no han leído el proyecto. Si hay algo que este proyecto mantiene y defiende es que el dinero de los trabajadores es de ellos y les pertenece. Dentro del marco legal establecido, tendrán toma de decisión respecto de quién invierte y en qué modalidad”, puntualizó.
Asimismo, aseguró que la tramitación del proyecto no corre el riesgo de retrasarse porque se encuentra en los plazos programados por el Ejecutivo.
El gobierno espera en agosto de la Cámara de Diputados y que en octubre el proyecto salga del Senado.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.